Un año ha tardado el Ministerio de Interior en ajusticiar a uno de sus funcionarios. En julio de 2010 se inició el procedimiento sancionador y el 15 de julio de 2011 se inició la sanción. Las iniciales de su nombre es J. P. C. P. y ha sufrido una condena que raya la ejemplaridad: ocho meses de suspensión de empleo y sueldo, demás de la pérdida del destino en Ceuta, pena que corresponde a lo contemplado para una “falta grave”. La cuenta atrás ya ha comenzado. Él está dispuesto y concienciado para cumplir la sanción sin alarmas o alardes, pese a que sus compañeros califiquen la sanción de “barbaridad”. Una vez acatado, se impone el futuro. “Lo único que espero es que, tras el cumplimiento de la sanción, me trasladen cerca de Ceuta: Algeciras, La Línea...”

Los puntos suspensivos no son fácilmente interpretables, puesto que más que una ciudad puede estar pensando en un hecho, en una verdad o en una creencia. De arrepentimiento, nada. “No hice mal alguno”. Tanto J. P. C. P como los miembros de los sindicatos APFP, ACAIP, CCOO y CSI.F creen que la falta impuesta –“falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios”– no es más que una excusa para lo que realmente ocurrió: “se persigue dar carpetazo a una situación que no gusta o descalabrar a un trabajador público que es molesto o que no cae simpático”, declararon en un texto conjunto los sindicatos indicados.

Hasta aquí, los hechos parecen claros: un funcionario sancionado que ha de volver a casa de su madre, unos sindicatos que se muestran en desacuerdo con la sanción al compañero y que señalan a la dirección del centro penitenciario y al ministerio calificados como severos, si no tendenciosos. Nada más que revelar. O sí. Pero más por lo que no se dice que por lo que se dice. De un lado, está el sindicato UGT, el mayoritario entre los funcionarios de la prisión y objeto de las invectivas de las otras organizaciones sindicales. De un lado, su condición de esquirol, al declinar la firma conjunta en el escrito presentado por el resto. Del otro lado, UGT es acusada de ser connivente con la dirección de la prisión,a la que se le responsabiliza del alto castigo impuesto al funcionario.

Tras agradecer a los sindicatos que firman como camaradas, J. P. C. P. manifestó que UGT sostiene algo falso y demostrable: que la dirección sí tuvo que ver con que la sanción finalmente impuesta haya sido de tal extremo. Por alusiones, y sin querer entrar en la típica guerra entre sindicatos, el delegado de UGT en el centro de Los Rosales respondió a las acusaciones diciendo que la no firma conjunta se debió a que el contenido del texto no fue convenido sino lo contrario. “Si nos hubiéramos sentado, lo habría firmado”, dijo. UGT sostiene, efectivamente, que la sanción al funcionario es “excesiva” y que “no tiene interés alguno por defender a la dirección” del centro. “UGT actúa siempre que un trabajador sea perseguido”, anotó, “es más, el funcionario sancionado seguirá disponiendo de la defensa de UGT siempre que haga falta”, expresó.

La dirección lamenta la sanción al funcionario
La dirección del centro penitenciario de Los Rosales manifestó, al verse involucrado en “una guerra entre sindicatos en la que no creo necesaria nuestra intervención”, que el funcionario sancionado fue imputado con todas las garantías. “El acusado siempre contó con las garantías de defensa establecidas”. El director, Juan Hernández, lamentó la sanción, “porque es un funcionario a quien tengo en estima, a quien personalmente aprecio”, apuntó, aunque se inclinó por atender a las responsabilidades de los cargos públicos. “Los funcionarios nos tenemos que atener a un régimen disciplinario que hay que cumplir. En nuestra profesión contamos con recompensas y con sanciones”, explicó para, a continuación, aclarar que de sus actuaciones depende “la libertad o no de los reclusos”.