Fuente: INFORMACIÓN.es

L a Audiencia Provincial ha detectado que cinco alicantinos encarcelados por malos tratos han amenazado por teléfono móvil a sus víctimas desde sus celdas. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, ha pedido a las prisiones que controlen la introducción de móviles para evitar que las amenazas se vuelvan a repetir. Las propias víctimas han comunicado a la Audiencia que estaban siendo amenazadas por sus maltratadores. Las llamadas, según confirmó Vicente Magro, se han efectuado desde las prisiones de Fontcalent, Villena y León. Los maltratadores están avisando a sus víctimas de que «se van a enterar» cuando salgan.

Los presos tienen prohibido el acceso a teléfonos móviles por razones de seguridad. Sin embargo, según confirmaron varios abogados penalistas, el uso de móviles está generalizado en las cárceles alicantinas. Es frecuente que los internos se comuniquen con sus letrados a través del móvil. Los reclusos están pagando ochocientos euros por teléfono móvil. Instituciones Penitenciarias tenía previsto instalar inhibidores para dejar sin cobertura a las dos prisiones de Alicante, pero al final no los ha puesto en marcha.

La Audiencia está pidiendo que se extremen los controles. Según explicó Vicente Magro, en los cinco casos en los que se ha detectado que los maltratadores encarcelados han telefoneado a sus víctima la Unidad Penitenciaria de Coordinación Institucional ha contactado con Instituciones Penitenciarias para que les cancelen los permisos.

La Audiencia ha percibido el problema a través de la Unidad Penitenciaria de Coordinación Institucional, que se puso en marcha en octubre para asesorar y dar protección a las mujeres maltratadas. La oficina - que también gestiona las medidas alternativas al ingreso en prisión - alerta a las maltratadas cuando sus agresores van a salir de la cárcel y las víctimas comunican los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. Magro precisó que «el funcionamiento de esta oficina está siendo muy positivo. Estamos dando asistencia a 454 víctimas cuyos agresores están o han pasado por la prisión. Cada día atendemos a una media de veinte mujeres».

 
El último caso grave se produjo el jueves. Una mujer recibió la llamada amenazante desde una cabina de su maltratador, que hacía unos minutos que había salido de la prisión de Fontcalent.

El endurecimiento del Código Penal ha provocado un crecimiento espectacular del número de reclusos encarcelados por maltratar a sus parejas. El número de maltratadores alicantinos en prisión prácticamente se ha duplicado en los últimos siete meses al pasar de 220 en enero a 414 a principios de agosto, según precisó Vicente Magro. Además, en toda la provincia hay 669 maltratadores condenados con la pena suspendida porque carecían de antecedentes penales. Los 669 maltratadores tienen la obligación de asistir al curso de reeducación de la Audiencia y si vuelven a cometer un delito - como quebrantar la orden de alejamiento - ingresan automáticamente en la cárcel.

El presidente de la Audiencia puntualizó que desde que empezaron los cursos de reeducación en mayo de 2004 han pasado por ellos 1.800 condenados. La Audiencia también tiene en marcha un curso de atención e información a víctimas de violencia de género al que han asistido más de doscientas mujeres maltratadas de Alicante y Murcia.

Aumento de denuncias Según un informe de la Audiencia fechado el 1 de agosto, las víctimas han estado sufriendo malos tratos una media de siete años antes de tomar la decisión de denunciar a sus maltratadores. En los dos últimos años se han multiplicado por cinco los casos de malos tratos que llegan a los juzgados. Esta misma semana, un juzgado de lo Penal del Palacio de Justicia de Alicante tiene señalados casi una treintena de juicios rápidos de malos tratos. Los juzgados de lo Penal de Benalúa siguen abiertos en agosto porque los asuntos de violencia doméstica se juzgan en un plazo máximo de dos semanas. Hace apenas dos años la actividad en los juzgados en agosto era prácticamente nula al ser un mes inhábil.

A pesar del alto número de juicios, seis de cada diez mujeres maltratadas intentan retirar la denuncia tras producirse la detención de sus agresores y un veinte por ciento vuelve a convivir con su pareja a pesar de la orden de alejamiento. Los jueces no pueden hacer nada contra su decisión, aunque el pasado jueves una magistrada de lo Penal advirtió a una víctima de los riesgos que asumía al retirar la denuncia.