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La falta de compensaciones complica la ubicación de otra cárcel en la Comunitat

Los alcaldes de Albocàsser y Picassent aseguran no haber recibido ni un euro de la Administración por albergar un establecimiento penitenciario.

Fuente: lasprovincias.es

La búsqueda de un municipio donde se ubique la nueva prisión prevista por Instituciones Penitenciarias para la Comunitat se antoja complicada, debido a que la Administración no ofrece ninguna medida compensatoria a las localidades que finalmente acepten albergar este tipo de instalaciones.

Así lo confirmaron tanto el alcalde de Albocàsser -donde el centro todavía está en obras y no se espera tenerlo acabado antes de final de año- como la alcaldesa de Picassent, quienes reconocieron que los ayuntamientos no reciben ni un euro del erario público en este concepto.

“La empresa constructora nos ha pagado durante un par de años 3.000 o 4.000 euros, y después también es posible que podamos pedirles algo más”, precisó Antonio Querol (PP), máximo responsable municipal de Albocàsser, quien negó haber recibido ayudas públicas.

La alcaldesa de Picassent, Conxa García (PSPV), coincidió con su homólogo castellonense sobre la ausencia de ayudas encaminadas a compensar el riesgo que supone tener un establecimiento penitenciario dentro de su territorio, “ya que es considerada una obra social”.

Promesas sin cumplir
Fuentes de su gabinete destacaron, además, que sí se han producido intentos a lo largo de estos años para acordar algún tipo de contraprestación, aunque sin éxito.

Desde el momento en que se supo que en Albocàsser se construiría una nueva prisión, un fuerte movimiento vecinal se manifestó en contra de este proyecto. Antonio Querol aseguró entonces estar negociando con las diferentes administraciones posibles compensaciones, entre las se encontraban la construcción de una carretera hacia la costa, la puesta en marcha de un módulo de bachillerato o actuaciones en rehabilitación de patrimonio.

El alcalde, al ser cuestionado sobre las compensaciones recibidas, no hizo referencia a ninguna de estas medidas. En estos momentos, lo único que se está estudiando en este sentido es crear un partido judicial en la localidad, una petición apoyada incluso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Valenciana, Fernando de la Rúa.

El que fuera concejal del PSPV en el municipio, Felip Beltrán, afirmó que aquellas promesas “no se han hecho realidad”. “Cuando nos opusimos a la instalación de la prisión en Albocàsser fue precisamente porque se aceptó todo sin negociar”, justificó.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias subrayaron los “múltiples e importantes beneficios” que proporcionan las cárceles a aquellas localidades en las que se establecen, una conclusión “que se ha demostrado” en los lugares que ya acogen un centro de este tipo. El máximo responsable en el Ayuntamiento de Albocàsser se mostró de acuerdo con esta afirmación: “El pueblo estaba muerto, y sin embargo ahora la gente ve que aquí se está moviendo todo. Si invierten es gracias a la prisión”.

Una nueva cárcel
Según fuentes municipales, los ingresos en concepto de licencias de obra han aumentado de forma notable y las promociones urbanísticas se han disparado. El alcalde incluso llegó a pronosticar que el pueblo duplicará su población, aunque por ahora el número de habitantes es el mismo que hace cuatro años (unos 1.370, según datos del INE).

La alcaldesa de Picassent, por su parte, dijo desconocer los beneficios que le ha supuesto la instalación penitenciaria al municipio.

La búsqueda de una localidad (preferentemente de la provincia de Valencia) dispuesta a acoger una nueva prisión que ayude a aliviar la masificación de las cárceles valencianas continúa todavía. Según el sindicato Acaip, los centros de la Comunitat han pasado de albergar a 4.161 reclusos en el año 2000 a los más de 6.000 de hoy en día, lo que refleja un aumento del 50%.

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, anunció a principios de 2006 su deseo de encontrar ubicación para una nueva cárcel en la provincia de Valencia. Ya en 2007, Gallizo lamentó las reticencias de los municipios a albergar una prisión, e incidió en que su oposición se debía al desconocimiento de los “grandes beneficios” que éstas aportan.

Esta dificultad ha sido combatida en Cataluña (la única autonomía con competencia en esta materia) con la aportación de ayudas económicas a los ayuntamientos afectados o con la oferta de trabajo para los vecinos en sus instalaciones.

El propio subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, reconoció de forma implícita el riesgo que conlleva un centro penitenciario tras criticar al PP por no mejorar el acceso al centro penitenciario. “Nosotros garantizamos la seguridad de los vecinos de Albocàsser y sus alrededores en el caso de que deban realizarse traslados de presos entre este municipio y la capital de la provincia”, defendió.

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