ASUNTO : Reunión del 14 de Mayo del 2019 de la Comisión de Valoración del Concurso General para provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Secretaria General de II.PP, convocado por resolución de 21 diciembre de 2018.

En cuanto a datos estadísticos de este Concurso son los siguientes

 8.974 Número total de Instancia, de las cuales 28 Instancias corresponden a Cuerpo de Cataluña
 502 concursantes condicionados.
 1.030 concursantes que solicitan la Conciliación..
 111.265 total de los puestos de trabajo solicitado.
 31 Renuncia s (tras finalizar plazo de finalización de solicitudes)
 6.554 concursantes presentan cursos
 2.318 concursantes presentan idiomas
 2.550 concursantes presentan títulos

El plazo de alegaciones a las puntuaciones provisionales del 17 de mayo 2019 hasta el 30 de Mayo 2019 inclusive ( 10 días hábiles) . Una vez concluido el plazo de alegaciones también acaba el plazo de renuncia parcial y total al concurso de traslados.

Fuente: Noticias Canarias

ACAIP-Ugt, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de II.PP, sindicato mayoritario entre los trabajadores de II.PP de toda España y más representativo en el conjunto de las cárceles canarias COMUNICA:

Juzgado de lo Penal 6 de LPS ha condenado a dos años y cuatro meses de prisión y a una medida de dos años de libertad vigilada como autor de dos delitos de abusos sexuales a JM.A.M, actualmente en libertad, por los hechos acaecidos en la prisión provincial del Salto del Negro el veintisiete de noviembre de 2017, cuando cumplía condena en el penal capitalino. Ese día JM.A.M acomete por la espalda a la funcionaria de vigilancia del Módulo de Enfermería para asirle fuertemente los glúteos con ambas manos, no desistiendo de su actitud hasta que se produce la acción defensiva de la empleada pública que se enfrenta al interno exigiéndole explicaciones. Así mismo este tribunal también sentencia lo ocurrido el ocho de junio de 2018, cuando el ahora condenado, aprovechando idéntica ocasión en el patio del Módulo 9, logra ocultarse de la presencia de la funcionaria que hacía observación en el patio, sale del vestíbulo para así acercarse por la espalda y tocarle con profusión la nalga derecha con las dos manos.

Indicar que el encausado no acudió a la vista oral y se desestimaron la eximente o atenuante de haber obrado por tener alteradas sus facultades mentales, tal como solicitaba el abogado defensor.  Los informes emitidos tanto por la médico forense como por la especialista en psiquiatría corroboran que no presenta patología mental “siendo su diagnóstico más probable el de  la simulación”.  Por los daños morales ocasionados a las dos empleadas públicas, la resolución lo condena a pagar a cada una de ellas trescientos euros de indemnización. La sentencia ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Desaparición de las escalas y acceso de las mujeres al trabajo de Vigilancia en el interior de las cárceles

 Fue en 2007, con Mercedes Gallizo Llamas al frente de las prisiones españolas (menos Cataluña que tiene transferidas sus competencias) cuando en el área de Vigilancia ya no se diferenciaría por sexos el acceso al Cuerpo de  Ayudantes de II.PP. A partir de ese año las prisiones españolas harían efectiva   la igualdad de hombres y mujeres que ingresan en la institución penitenciaria con la tarea de guardar, custodiar y rehabilitar a una población reclusa donde actualmente sólo el 7,67% de las más de 59.404 personas recluidas son mujeres.

 Esta incorporación en igualdad de condiciones al trabajo del interior de las cárceles no ha sido un elemento novedoso ya que son mayoría en las nuevas incorporaciones al Cuerpo Sanitario, en el ámbito del Trabajo Social o de los Técnicos de II.PP. Para todos, hombres y mujeres, Acaip reclama insistentemente la condición de Agente de la Autoridad que permita disuadir a los internos de acometer estas conductas hacia las trabajadoras de II.PP y que sirva para disminuir las agresiones físicas y morales que diariamente sufre el personal penitenciario.

Fuente: El Plural

Los Cortina se llevaron la mejor parte del pastel que ya asciende a 210,7 millones de euro.

El 31 de mayo se vence el contrato de la privatización de la seguridad en las cárceles españolas, que se inició en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha ido renovando desde entonces en diferentes fases. La Secretaría de Estado ha confirmado que se prorrogará desde el 1 de junio hasta el próximo diciembre, pero no ha aclarado aún si seguirá apostando después por un modelo que rechazó el PSOE cuando estaba en la oposición. El argumento del ahorro y eficiencia en costes esgrimido por los defensores de la privatización ha sido desmentido por expertos en la materia y por la realidad de otros países como Estados Unidos y Reino Unido.

El coste total de la privatización de la seguridad exterior en las cárceles desde 2012 asciende a 210.750.896 euros, incluyendo la prórroga aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, de 20.965.641 euros, según datos de la Consejería de Seguridad.

Este último contrato forma parte de la denominada cuarta fase de la privatización de ese servicio, comprendida entre junio de 2018 a mayo de 2019, por valor de 60.237.549 millones de euros, aprobada en el Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2018.

En enero pasado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció, en una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de ir rescindiendo poco a poco los contratos privados e ir cubriendo la seguridad exterior con policías y guardias civiles.

Funciones duplicadas
Sindicatos de prisiones y asociaciones de la Guardia Civil, como la AUGC, consideran "un derroche" que el Estado dé dinero a empresas privadas porque sus vigilantes desempeñan actividades "duplicadas" respecto a las que ya realizan históricamente agentes de la Guardia Civil y en menos medida de la Policía Nacional, y creen que la única finalidad de los contratos es "crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada" que, por otra parte, pagan bajos suelos a esos trabajadores.

Sin embargo, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) difiere de esa opinión al defender que ese tipo de labores de seguridad sí deben ser realizadas por vigilantes jurados y no por policías, aunque recuerda que hay que hacer "las modificaciones legales adecuadas, ya que actualmente se está vulnerando la ley que establece que esas funciones corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado".

El SUP cree que no es una labor para policías
El portavoz del SUP, Ramón Cosío, explica a este diario que los agentes deben ocuparse de otras actividades de mayor especialización, como la seguridad ciudadana o la investigación de delitos y rechaza que el modelo de privatización del servicio represente un derroche, porque el sueldo de un policía nacional es más alto que el de un trabajador de una empresa privada de seguridad.

Más vigilantes jurados, menos guardias y policías
Según datos recabados por la AUGC y trasladados en un escrito remitido al Grupo socialista en agosto pasado, "la seguridad privada ya supera en número de efectivos a la Guardia Civil, que ha visto reducir su plantilla, de 82.692 efectivos en 2011 a 76.806 en 2017, mientras que los policías nacionales han pasado de 72.457 a 65.287 en las mismas fechas.

El Gobierno de Rajoy justificó la privatización por la recolocación del personal que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra tras el el fin de ETA, pero, según datos de los sindicatos y asociales la cifra de estos recolocados fue "testimonial". Según datos de la Asociación Española de Escoltas(ASES),  en 2015, "los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un 97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos y personalidades".

Los Cortina se llevaron la mejor parte del pastel
El Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy echó a rodar un proyecto piloto, que encargó a la empresa OMBUDS, cuyo consejero delegado es Rodrigo Cortina, y que controla mayoritariamente en la actualidad el fondo de inversión  JZ Capital Partners LTD.  OMBUDS se llevó tres contratos iniciales hasta que Interior, tras las críticas de la AUGC, decidió repartir el pastel a otras adjudicatarias, como Coviar, Prosetecnisa, Eulen, Segurisa, Sabico y Garda Seguridad.

La excelencia de la gestión privada, en cuestión
Los detractores del modelo privatizador recuerdan la experiencia de otros países, como Estados Unidos o Reino Unido, donde la gestión no ha sido precisamente ejemplar. En 2017,un reportaje de investigación con cámara oculta de la BBC en una de las mayores cárceles británicas, HMP Northumberland, desveló el caos en las instalaciones: consumo generalizado de drogas, falta de control, mal funcionamiento de alarmas y destrozo de las vallas de seguridad internas. 

Los problemas causados, en los dos últimos veranos, por vigilantes de la seguridad privada en aeropuertos españoles, donde prestan servicios de inspección de equipajes, debido a huelgas por conflictos laborales con la empresa Eulen, hacen cuestionar también el acierto de la privatización.

"Si tenemos la mejor atención al afiliado es porque contamos con el mejor equipo. #SindicatodePrisiones"

Concentración en el centro penitenciario de Moroón de la Frontera el dia 17 de mayo 2019 de 12 a 14 horas en reconocimiento a Dani, Alejandro y a los 20 compañeros lesionados en la brutal carga policial

Fuente: Cadena Cope

Grupo Área se desplaza hasta Botafuegos con un programa de radio histórico para conocer la prisión desde dentro, cómo se vive, quién habita y quién vigila a las personas "más peligrosas" de la sociedad.

A la entrada del centro penitenciario Botafuegos, un Corazón de Jesús y esta frase: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la rehabilitación y reinserción social«. Junto a éste, otro en el que se puede leer: ‘Prohibido sacar vasos de la cafetería’. Estamos en la sala de recepción de la cárcel algecireña, en unos minutos, Grupo Área iba a realizar un programa histórico.

Los micrófonos de Cope Campo de Gibraltar-Costa del Sol y las páginas de Diario Área han sido correa de transmisión, este jueves, por unas horas, de los testimonios de una parte de los que ‘viven’ bajo estos techos. Queríamos conocer que se cuece tras los muros de esta prisión, una, dicen, de las más violentas de Andalucía.

Nos recibían los representantes de los sindicatos. José Luis Alcaraz y Roberto Feijoó de ACAIP- UGT, Marta Calderón de CSIF y Arturo Iglesias de CCOO. Era fundamental contar con la voz de este colectivo que representa a los funcionarios y funcionarias que trabajan codo con codo con los internos, conocer sus demandas, sus reivindicaciones, con la realidad que se enfrentan día a día. En el otro vértice, la primera autoridad de Botafuegos, la persona que tiene la última palabra sobre el funcionamiento de esta cárcel. El granadino Francisco Márquez, nos recibe en las escaleras que conducen a su despacho de director. Acepta encantado nuestro atrevimiento. Los cinco se someten a las preguntas que también son las de la calle, sobre qué pasa en esta cárcel, cómo funciona, porqué las agresiones a funcionarios, como viven los internos, porqué está masificada.

Una cuestión que preocupa y que puede que no todo el mundo sepa es que en esta cárcel junto a los presos comunes, hay etarras, yihadistas y narcotraficantes. La presencia de ETA, el Yihadismo o la cada vez mayor frecuencia de narcos. Sito Miñanco, Los Castañas... el ‘culto’ al narcotraficante. «Aquí nos hemos encontrado con un padre y tres hijos en prisión y en la misma fecha», nos dice Alcaraz. Márquez, que lleva trece años como director, asegura que los presos de ETA y el interno del GRAPO «no son conflictivos a pesar de que están en primer grado». En el caso de los presos yihadistas, «sí que hacen una vida aislada del resto, si alguien se radicaliza, lo detectamos».

«Siempre he procurado darles a estos presos un trato normalizado pero jamás han pedido hablar conmigo ni yo con ellos, porque si no me necesitan, yo tampoco», y prosigue: «Normalmente los internos de ETA no reinciden por un tema de estrategia, en cambio los GRAPOS sí, en el caso de los yihadistas, es muy preocupante pero en Instituciones Penitenciarias se trabaja de manera importante para que estas personas cumplan sus condenas. Me siento orgulloso de la labor». Incluso hay interacción entre los etarras y los presos comunes, «muchas veces los invitan a un café o a un paquete de tabaco», apostilla.

Trece años va a hacer en este puesto Márquez, aunque ha estado vinculado al sector penitenciario desde hace casi 40 años. El año próximo Botafuegos cumple veinte años, razón suficiente para sacar a colación la saturación de reclusos que padece desde prácticamente su inauguración. «Espero que con la apertura de la cárcel de Archidona, en Málaga y con las nuevas incorporaciones de funcionarios, se asuma a parte de estos internos. En Ceuta también estamos a la espera de que el nuevo centro se abra en su totalidad, y si eso se produce, vamos a vivir una situación más normalizada. Siempre digo que esto parece la calle Sierpes de Sevilla«, asegura el máximo responsable del centro penitenciario.

«Los funcionarios somos los grandes olvidados y me cabreo con mi propia institución por la opacidad que vivimos. Y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro trabajo pero hay gente que parece que le da vergüenza decir que trabaja aquí». ¿Y usted conoce el nombre y apellidos de los presos? La respuesta llega rápida. «Conozco a los presos más buenos y a los más malos pero son los propios presos los que más me conocen».

Conflictos los hay, eso nadie lo niega aunque para Márquez, la situación no es «peligrosa, es penosa».

Complicado para el día a día de los trabajadores, «falta plantilla y eso se traduce en más agresiones. Queremos trabajar en las mejores condiciones», reitera José Luis Alcaraz de ACAIP. «Estamos desempeñando un trabajo cualificado y queremos retribuciones justas porque esta situación no es de hace dos días«. Y la falta de médicos y auxiliares de enfermería que se traduce en sobredosis por metadona y medicamentos, un cóctel explosivo. De las agresiones, el recluso se vale de pinchos ocultos en bocadillos, por ejemplo. Casi cualquier método es válido, teléfonos móviles minúsculos para comunicarse con el exterior y entre los propios reclusos, las argucias son infinitas.

Marta Calderón (CSIF) estudió educadora social y trabaja codo a codo con internas, ser madre y estar presa tiene sus condicionantes. «Siempre quise ayudar a la gente y mi vocación ha sido esa. Nosotros somos su forma de comunicación con el exterior, con la administración, nos convertimos en amigos, no para tomar unas cañas pero…».

Demandas y reinserción social
Roberto Feijoó, de ACAIP-UGT, lleva puesto una camiseta de Rocky Marciano, (no sabemos si por hacer un guiño a la situación parecida a un ring en la que trabajan), resalta que la situación de los funcionarios de prisiones es compleja, de ahí las reivindicaciones.

Del mismo modo, desde Comisiones Obreras, Arturo Iglesias, tiene claro que la solución tiene que partir de instituciones penitenciarias pero contando con las demandas sindicales más acuciantes. Que se les contemple como agentes de la autoridad de pleno derecho. «A los políticos, ahora que estamos en elecciones les diría que dejen correr el aire. No sé si es bueno que siga el mismo ministro pero le insto a que abran las puertas y ventanas, que sea cierto que hay interés real por atender nuestras demandas», apostilla de nuevo Alcaraz.

Un momento del programa especial emitido por Grupo Área, este jueves, en Botafuegos. Marcos Moreno
Y la pregunta del millón, ¿hay reinserción posible?. «Eso es lo que se pretende pero no tenemos una varita mágica. Al interno le decimos: si prefiere quedarse tirado en el patio, pues poco se puede hacer», remata Márquez.

Un momento del programa especial emitido por Grupo Área, este jueves, en Botafuegos. Marcos Moreno
Y la pregunta del millón, ¿hay reinserción posible?. «Eso es lo que se pretende pero no tenemos una varita mágica. Al interno le decimos: si prefiere quedarse tirado en el patio, pues poco se puede hacer», remata Márquez.

Fuente: La Vanguardia

Los sindicatos (Acaip-UGT, CCOO y CSIF) que integran la plataforma sindical del centro penitenciario de Picassent (Valencia) han entregado hoy un informe con los principales problemas que sufre este colectivo al secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Angel Luis Ortiz.

Según ha informado Acaip en un comunicado, Ortiz ha acudido este jueves a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia para participar en el Congreso "La libertad vigilada y otras penas y medidas en medio abierto. Problemas y propuestas de solución".

A las puertas de la facultad, los representantes de los sindicatos que forman la citada plataforma se habían concentrado para protestar tanto por sus condiciones de trabajo como por la mala situación de las instalaciones en las que lo desarrollan.

Posteriormente, han informado las mismas fuentes, el secretario general ha realizado una breve visita al centro penitenciario de Picassent, donde los representantes sindicales de la plataforma también se habían concentrado.

Los portavoces sindicales han lamentado que "la administración penitenciaria se niega a reconocer el conflicto existente en prisiones" y han pedido que se vuelva a presentar la oferta económica que "se puso encima de la mesa el mes de septiembre del año pasado, y que se retiró a los 3 días".

En el documento entregado al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias se hace mención a la falta de personal, especialmente en el área sanitaria, falta de medidas de seguridad, deterioro de todo el mobiliario o las malas condiciones de las instalaciones, entre otras reivindicaciones.

Fuente: La Opinion A Coruña

Los sindicatos denuncian que la problemática es mayor de lo que indican las cifras registradas || El fiscal pide año y medio para un interno que agredió a un trabajador en 2018.

En mayo del pasado año, A.B. A., un interno de nacionalidad marroquí que se hallaba ingresado en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra), mantuvo una virulenta pelea con otro interno en la sala de día del Módulo 4 de la prisión de A Lama. Uno de los funcionarios de la prisión fue el que tuvo que acudir en primera instancia a intentar poner orden, separando a este interno y llevándolo a una zona de seguridad, en la entrada del módulo. Una vez allí, el interno aprovechó el momento en el que se cerraba la puerta motorizada para propinarle un fuerte empujón y un golpe en el cuello, consiguiendo zafarse y entrar de nuevo en el comedor para intentar culminar, utilizando una bandeja, la agresión al recluso con el que había mantenido la discusión momentos antes.

Allí fue de nuevo reducido por otros internos y funcionarios, que lo sacaron fuera de la instancia. A cabezazos contra una puerta, el interno acabó por caerse encima de otro funcionario hasta que finalmente lograron reducirlo.

Casos como este, que llegará a juicio en las próximas semanas al juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra, son solo un ejemplo de las situaciones que tienen que afrontar habitualmente los funcionarios que desarrollan su trabajo en los centros penitenciarios. En este caso, el interno en cuestión se enfrenta a una petición de condena de un año y medio de prisión como autor de un delito de atentado.

La problemática de las agresiones a funcionarios es uno de los pilares de las reivindicaciones de los trabajadores de prisiones en sus últimas movilizaciones. Explican que la falta de personal de la que adolecen las cárceles españolas (en A Lama se calcula que hace falta cubrir unas 50 vacantes) es también un problema a la hora de tener que afrontar estas situaciones de tensión, tanto por la seguridad de los propios funcionarios como de los internos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno señalan que en los últimos años la problemática de las agresiones en las cárceles ha caído. En A Lama se contabilizaron 27 episodios violentos desde 2015. De los ocho de ese mismo año se pasó a seis durante el ejercicio de 2018, de los que cuatro fueron incidentes que causaron lesiones leves a los trabajadores de la prisión. Desde el sindicato Acaip explican que, en cualquier caso, la problemática es mayor de lo que indican estas cifras. "Nosotros ya hemos protestado por esta forma de recoger las agresiones, ya que se hizo una modificación para que no se registren como tal aquellas en las que el afectado requiere algún tipo de atención médica", aseguran. "Y así es cómo el número de incidentes está bajando", añaden.

Por ello piden que se contabilicen también como agresiones incidentes en los que se producen situaciones de amenazas graves o incluso menosprecios e intimidaciones. "Hay empujones, rifirrafes que al final no se denuncian como tal, explican desde Acaip. "Que te diga un interno 'sé dónde vives tú y tu familia, ya verás cuándo salga' es algo que, por desgracia, vivismo casi todos los que trabajamos en esto", añaden. Por ello insisten en solicitar la cobertura de las plazas vacantes para mejorar esta problemática.

Fuente: La Voz de Galicia

Un interno provocó un incendio en el módulo de aislamiento.

Dos funcionarios de la cárcel de Teixeiro arriesgaron ayer por la noche su vida para salvar la de los reclusos que se encontraban en el módulo de aislamiento, espacio para albergar a los presos más peligrosos.

Ocurrió a las 21 horas, cuando se llevó a cabo el relevo de funcionarios. Dos de ellos, alertados por el incendio que provocó un preso en su celda, acudieron a la galería. Ante la virulencia del fuego y la intensa humareda, abrieron las celdas para facilitar la evacuación al patio.

Con todos los reclusos a salvo menos dos, el causante y otro interno que quedó inconsciente y tuvo que ser evacuado, los funcionarios se adentraron entre la densa humareda en la galería pertrechados con los equipos de respiración autónoma y dos extintores grandes. La puerta eléctrica había quedado bloqueada por las altas temperaturas originadas en el interior de la celda.

 
Al acceder al pasillo de la galería, agachados y con la pared como guía debido a la humareda, consiguieron abrir la segunda puerta de seguridad de apertura manual llamada «cangrejo». Tuvieron que vaciar por completo los dos extintores para sofocar las llamas que nacían de dos piras con materiales combustibles a los que el recluso había prendido fuego en su interior, y para enfriar la puerta eléctrica.

La intensidad del humo no permitía ver el interior, a fin de localizar al interno, por lo que, por seguridad para evitar que se les pudiese abalanzar armado y les agrediese, salieron de la galería para intentar de nuevo la apertura eléctrica, que lograron gracias a haber enfriado la puerta.

 
Teniendo ya la puerta abierta, y con el interno aún en el interior, con solo diez minutos de oxígeno, decidieron arriesgarse a volver a entrar para salvarle, pese a que la estrategia del interno podía ser esperarles respirando del sumidero de la ducha para atentar contra ellos al acceder. Aún así, continuaron adelante.

No lo encontraron. El recluso se escabulló en medio de la humareda y se ocultó en otra celda. Cuando llegaron a él, tras revisar casi a palpas los calabozos, lo hallaron semiinconsciente.

Finalmente, lograron sacarlo entre los agradecimientos y algún aplauso del resto de internos que estaban a salvo en el patio.

Fuente: Digital de León

Los funcionarios de la prisión de Mansilla denuncian una vez más la problemática a la que se enfrentan cada día.

Por un lado la escasez de personal y por otro lado el incremento de la conflictividad en el centro. Parece ser que las agresiones de los reclusos, han aumentado y lo hacen no solo en frecuencia sino también en gravedad.

 La más reciente, tuvo lugar cuando un interno agredió a dos funcionarios que le iban a trasladar a la sección de aislamiento. El interno les arrojó lejía, de manera que uno de los trabajadores acabó con una muñeca lesionada y se produjeron además quemaduras causadas por el producto químico.

Desde el sindicato ACAIP no solo lamentan que las agresiones a funcionarios sean cada vez más frecuentes, sino que denuncian que lo más preocupante, es que cada vez los ataques son más graves y más violentos. Señalan además, que la escasez de la plantilla impide hacer frente esta conflictividad cada vez mayor en la prisión y cifran en más de un centenar el déficit de trabajadores.