Fuente: El Pais

Un informe advierte del potencial uso de estas aeronaves en fugas

El posible uso de drones para burlar las medidas de seguridad de las cárceles preocupa a la Guardia Civil, según se desprende de un informe elaborado por el instituto armado tras descubrirse en septiembre en el patio de una cárcel paquetes con droga y un teléfono móvil aparentemente introducidos mediante una de estas aeronaves. El documento policial advierte de que en el mercado existen drones capaces de cargar con hasta 100 kilos de carga y que, por tanto, podrían utilizarse para facilitar la fuga de un recluso, según detallan fuentes conocedoras del contenido del informe. Desde el Ministerio del Interior admiten la existencia del documento, pero declinan comentarlo.

El informe fue elaborado después de que el pasado 4 de septiembre funcionarios del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga) localizaran, por un lado, tres paquetes de hachís de aproximadamente 100 gramos cada uno en uno de los patios y, por otro, un teléfono móvil con dos cargadores. La investigación abierta entonces por Interior reveló que el día anterior varios funcionarios y guardias civiles del equipo de seguridad del recinto habían visto un dron sobrevolar la prisión, aunque ninguno observó que soltara ningún paquete. La normativa sobre estas aeronaves prohíbe que vuelen en espacio aéreo protegido, como son los centros penitenciarios.

 
Ese mismo día, agentes del instituto armado hallaron un dron estrellado en un campo de aguacates próximo a la prisión. Fuentes de Interior recalcan que, pese a las pesquisas, aún no hay certeza de que la droga y el teléfono móvil fueran introducidos mediante un dron en la cárcel, a pesar de que uno de los paquetes de estupefaciente conservaba dos ganchos similares a los que se utilizan para facilitar su transporte por estas aeronaves.

Objetos prohibidos
El incidente de la cárcel de Alhaurín de la Torre no es el primero ni el último de este tipo en las cárceles españolas. En enero de 2017, los sindicatos de funcionarios denunciaron que un dron había sobrevolado la cárcel de Teixeiro (La Coruña), aunque entonces no se relacionó con un intento de introducir productos prohibidos en la prisión. El último se registró el pasado 21 de enero en la prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia). Sobre el mediodía, cuando se encontraban en los patios del centro buena parte de los reclusos, fue avistado un dron sobrevolando la prisión. Aunque no hay constancia de que introdujera en el centro ningún objeto —se hizo una revisión inmediata de los patios—, la Guardia Civil montó un dispositivo en los alrededores de la prisión para localizar a los que manejaban el ingenio, sin éxito.

Más numerosos son los incidentes con drones registrados en otros países europeos. En agosto de 2017 se detectó uno introduciendo un paquete en la prisión de Valence, en el sureste de Francia. En diciembre de ese año, la policía británica detuvo a ocho personas que se habían valido de estos dispositivos para colar droga, teléfonos e, incluso, armas en seis cárceles. Un año después, las autoridades de Londres cerraron el aeropuerto de Gatwick tras detectar la presencia de drones sobrevolando la zona.

Rueda de prensa en reconocimiento a Dani que perdio un ojo, Alejandro que fue detenido y a los 20 compañeros que resultaron heridos tras la carga policial

Se informa que ya esta disponible la consulta de las puntuaciones provisionales del concurso de traslados de los servicios periféricios de la SGIIPP en la INTRANET de los Centros.  Las bases de este concurso fueron recurridas en RECURSO DE REPOSICIÓN por Acaip y al no ser atendidas ya se anunció la interposición del CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO que se presentará en breve.

A PARTIR DE MAÑANA SE PODRÁN REALIZAR ALEGACIONES, RENUNCIA PARCIAL O TOTAL hasta el día 30 de mayo

Os adjuntamos la nomenclatura de las puntuaciones que vereis en la intranet

G - Grado
T - Trabajo Desempeñado
C - Cursos
A - Antigüedad
CC- Conciliación Cónyuge
CF - Conciliación Familiar
CH- Conciliación Hijos
IN - Idioma Nacional
IE - Idioma Extranjero
T 2ª- Títulos
EG - Experiencia General
EE - Experiencia Especifica
E - Cuerpo Especial
AF- Area Funcional
PT- Total
E- Exclusión

Relacion de centros que recibiran a los funcionari@s en prácticas de la OEP 2019 tras el curso formativo que se esta celebrando actualmente en Madrid

Fuente: La Voz de Galicia

El suceso se registró pasadas las ocho y media de la tarde en la galería corta del módulo de aislamiento.

Pasadas las ocho y media de la tarde de este miércoles, en la galería corta del módulo de aislamiento de la cárcel de Teixeiro se produjo un incendio en una celda que acabó con la vida de su ocupante. El fallecido, según se cree, prendió fuego con la intención de agredir a los funcionarios que acudiesen alertados por el fuego, pero el recluso no aguantó el tiempo suficiente y cuando los funcionarios llegaron lo encontraron ya muerto por inhalación de humo. En el mismo pasillo se encontraba otro preso que al abrirse las celdas por la alarma antiincendios fue evacuado por los mismos funcionarios.

 
Ambos presos están clasificados como de categoría 91.3 entre los de primer grado, que son los más peligrosos y conflictivos. Los hechos ocurrieron en el módulo de aislamiento, donde se encuentran los reclusos que se consideran que pueden representar un mayor riesgo para los trabajadores de la prisión o para los demás internos. 

El difunto responde a los apellidos Escudero Gallardo y había llegado unas horas antes a la cárcel de Teixeiro tras ser trasladado para asistir a un juicio que tenía que celebrarse en la provincia de A Coruña en los próximos días. 

Hace tan solo unos días que otro preso provocó también un incendio en el módulo de aislamiento de Teixeiro, aunque en este caso la intervención de los funcionarios salvó la vida de los reclusos. Horas después, ese mismo preso provocaba una inundación al abrir los grifos de la enfermería. 

Se da la circunstancia de que durante el suceso de ayer estaban a cargo del módulo de aislamiento los mismos funcionarios que intervinieron en el fuego de la semana pasada. Cuando llegaron se lo encontraron con la cabeza metida en la taza del retrete.

Fuente: Diario de Cadiz

ASUNTO : Reunión del 14 de Mayo del 2019 de la Comisión de Valoración del Concurso General para provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Secretaria General de II.PP, convocado por resolución de 21 diciembre de 2018.

En cuanto a datos estadísticos de este Concurso son los siguientes

 8.974 Número total de Instancia, de las cuales 28 Instancias corresponden a Cuerpo de Cataluña
 502 concursantes condicionados.
 1.030 concursantes que solicitan la Conciliación..
 111.265 total de los puestos de trabajo solicitado.
 31 Renuncia s (tras finalizar plazo de finalización de solicitudes)
 6.554 concursantes presentan cursos
 2.318 concursantes presentan idiomas
 2.550 concursantes presentan títulos

El plazo de alegaciones a las puntuaciones provisionales del 17 de mayo 2019 hasta el 30 de Mayo 2019 inclusive ( 10 días hábiles) . Una vez concluido el plazo de alegaciones también acaba el plazo de renuncia parcial y total al concurso de traslados.

Fuente: Noticias Canarias

ACAIP-Ugt, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de II.PP, sindicato mayoritario entre los trabajadores de II.PP de toda España y más representativo en el conjunto de las cárceles canarias COMUNICA:

Juzgado de lo Penal 6 de LPS ha condenado a dos años y cuatro meses de prisión y a una medida de dos años de libertad vigilada como autor de dos delitos de abusos sexuales a JM.A.M, actualmente en libertad, por los hechos acaecidos en la prisión provincial del Salto del Negro el veintisiete de noviembre de 2017, cuando cumplía condena en el penal capitalino. Ese día JM.A.M acomete por la espalda a la funcionaria de vigilancia del Módulo de Enfermería para asirle fuertemente los glúteos con ambas manos, no desistiendo de su actitud hasta que se produce la acción defensiva de la empleada pública que se enfrenta al interno exigiéndole explicaciones. Así mismo este tribunal también sentencia lo ocurrido el ocho de junio de 2018, cuando el ahora condenado, aprovechando idéntica ocasión en el patio del Módulo 9, logra ocultarse de la presencia de la funcionaria que hacía observación en el patio, sale del vestíbulo para así acercarse por la espalda y tocarle con profusión la nalga derecha con las dos manos.

Indicar que el encausado no acudió a la vista oral y se desestimaron la eximente o atenuante de haber obrado por tener alteradas sus facultades mentales, tal como solicitaba el abogado defensor.  Los informes emitidos tanto por la médico forense como por la especialista en psiquiatría corroboran que no presenta patología mental “siendo su diagnóstico más probable el de  la simulación”.  Por los daños morales ocasionados a las dos empleadas públicas, la resolución lo condena a pagar a cada una de ellas trescientos euros de indemnización. La sentencia ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Desaparición de las escalas y acceso de las mujeres al trabajo de Vigilancia en el interior de las cárceles

 Fue en 2007, con Mercedes Gallizo Llamas al frente de las prisiones españolas (menos Cataluña que tiene transferidas sus competencias) cuando en el área de Vigilancia ya no se diferenciaría por sexos el acceso al Cuerpo de  Ayudantes de II.PP. A partir de ese año las prisiones españolas harían efectiva   la igualdad de hombres y mujeres que ingresan en la institución penitenciaria con la tarea de guardar, custodiar y rehabilitar a una población reclusa donde actualmente sólo el 7,67% de las más de 59.404 personas recluidas son mujeres.

 Esta incorporación en igualdad de condiciones al trabajo del interior de las cárceles no ha sido un elemento novedoso ya que son mayoría en las nuevas incorporaciones al Cuerpo Sanitario, en el ámbito del Trabajo Social o de los Técnicos de II.PP. Para todos, hombres y mujeres, Acaip reclama insistentemente la condición de Agente de la Autoridad que permita disuadir a los internos de acometer estas conductas hacia las trabajadoras de II.PP y que sirva para disminuir las agresiones físicas y morales que diariamente sufre el personal penitenciario.

Fuente: El Plural

Los Cortina se llevaron la mejor parte del pastel que ya asciende a 210,7 millones de euro.

El 31 de mayo se vence el contrato de la privatización de la seguridad en las cárceles españolas, que se inició en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha ido renovando desde entonces en diferentes fases. La Secretaría de Estado ha confirmado que se prorrogará desde el 1 de junio hasta el próximo diciembre, pero no ha aclarado aún si seguirá apostando después por un modelo que rechazó el PSOE cuando estaba en la oposición. El argumento del ahorro y eficiencia en costes esgrimido por los defensores de la privatización ha sido desmentido por expertos en la materia y por la realidad de otros países como Estados Unidos y Reino Unido.

El coste total de la privatización de la seguridad exterior en las cárceles desde 2012 asciende a 210.750.896 euros, incluyendo la prórroga aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, de 20.965.641 euros, según datos de la Consejería de Seguridad.

Este último contrato forma parte de la denominada cuarta fase de la privatización de ese servicio, comprendida entre junio de 2018 a mayo de 2019, por valor de 60.237.549 millones de euros, aprobada en el Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2018.

En enero pasado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció, en una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de ir rescindiendo poco a poco los contratos privados e ir cubriendo la seguridad exterior con policías y guardias civiles.

Funciones duplicadas
Sindicatos de prisiones y asociaciones de la Guardia Civil, como la AUGC, consideran "un derroche" que el Estado dé dinero a empresas privadas porque sus vigilantes desempeñan actividades "duplicadas" respecto a las que ya realizan históricamente agentes de la Guardia Civil y en menos medida de la Policía Nacional, y creen que la única finalidad de los contratos es "crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada" que, por otra parte, pagan bajos suelos a esos trabajadores.

Sin embargo, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) difiere de esa opinión al defender que ese tipo de labores de seguridad sí deben ser realizadas por vigilantes jurados y no por policías, aunque recuerda que hay que hacer "las modificaciones legales adecuadas, ya que actualmente se está vulnerando la ley que establece que esas funciones corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado".

El SUP cree que no es una labor para policías
El portavoz del SUP, Ramón Cosío, explica a este diario que los agentes deben ocuparse de otras actividades de mayor especialización, como la seguridad ciudadana o la investigación de delitos y rechaza que el modelo de privatización del servicio represente un derroche, porque el sueldo de un policía nacional es más alto que el de un trabajador de una empresa privada de seguridad.

Más vigilantes jurados, menos guardias y policías
Según datos recabados por la AUGC y trasladados en un escrito remitido al Grupo socialista en agosto pasado, "la seguridad privada ya supera en número de efectivos a la Guardia Civil, que ha visto reducir su plantilla, de 82.692 efectivos en 2011 a 76.806 en 2017, mientras que los policías nacionales han pasado de 72.457 a 65.287 en las mismas fechas.

El Gobierno de Rajoy justificó la privatización por la recolocación del personal que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra tras el el fin de ETA, pero, según datos de los sindicatos y asociales la cifra de estos recolocados fue "testimonial". Según datos de la Asociación Española de Escoltas(ASES),  en 2015, "los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un 97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos y personalidades".

Los Cortina se llevaron la mejor parte del pastel
El Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy echó a rodar un proyecto piloto, que encargó a la empresa OMBUDS, cuyo consejero delegado es Rodrigo Cortina, y que controla mayoritariamente en la actualidad el fondo de inversión  JZ Capital Partners LTD.  OMBUDS se llevó tres contratos iniciales hasta que Interior, tras las críticas de la AUGC, decidió repartir el pastel a otras adjudicatarias, como Coviar, Prosetecnisa, Eulen, Segurisa, Sabico y Garda Seguridad.

La excelencia de la gestión privada, en cuestión
Los detractores del modelo privatizador recuerdan la experiencia de otros países, como Estados Unidos o Reino Unido, donde la gestión no ha sido precisamente ejemplar. En 2017,un reportaje de investigación con cámara oculta de la BBC en una de las mayores cárceles británicas, HMP Northumberland, desveló el caos en las instalaciones: consumo generalizado de drogas, falta de control, mal funcionamiento de alarmas y destrozo de las vallas de seguridad internas. 

Los problemas causados, en los dos últimos veranos, por vigilantes de la seguridad privada en aeropuertos españoles, donde prestan servicios de inspección de equipajes, debido a huelgas por conflictos laborales con la empresa Eulen, hacen cuestionar también el acierto de la privatización.

"Si tenemos la mejor atención al afiliado es porque contamos con el mejor equipo. #SindicatodePrisiones"