Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 30 de octubre de 2018.

Fuente: El Pais

Ordena que en los informes que se envían a los juzgados no se cite a los confidentes por su nombre o alias, sino por su número penitenciario de identificación.

Instituciones Penitenciarias distribuyó este miércoles a todas las cárceles una orden interna con instrucciones para preservar el anonimato de aquellos presos que colaboraron con los funcionarios de prisiones en la investigación de los delitos que se cometen dentro de las cárceles. En la orden, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se indica que, a partir de ahora, los informes que se elaboren con información que puede acabar en un juzgado no deben incluir bajo ningún concepto el nombre, apellidos o alias de los internos que realizan funciones de confidentes, sino únicamente su Número de Identificación Sistemático (NIS, compuesto de diez cifras y que se asigna a cada recluso al entrar por primera vez en la cárcel).

La decisión se produce tras la desarticulación en los últimos meses de dos redes de radicalización yihadista dentro de las prisiones gracias a la información conseguida por funcionarios de prisiones entre los internos y tras conocerse que el gobierno ha planteado en su nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado la necesidad de regular la figura del confidente en las investigaciones policiales.

 
Fernándo Grande-Marlaska, en una reciente comparecencia en la Comision de Interior del Congreso. Javier Lizón EFE
Instituciones Penitenciarias distribuyó este miércoles a todas las cárceles una orden interna con instrucciones para preservar el anonimato de aquellos presos que colaboraron con los funcionarios de prisiones en la investigación de los delitos que se cometen dentro de las cárceles. En la orden, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se indica que, a partir de ahora, los informes que se elaboren con información que puede acabar en un juzgado no deben incluir bajo ningún concepto el nombre, apellidos o alias de los internos que realizan funciones de confidentes, sino únicamente su Número de Identificación Sistemático (NIS, compuesto de diez cifras y que se asigna a cada recluso al entrar por primera vez en la cárcel).

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La decisión se produce tras la desarticulación en los últimos meses de dos redes de radicalización yihadista dentro de las prisiones gracias a la información conseguida por funcionarios de prisiones entre los internos y tras conocerse que el gobierno ha planteado en su nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado la necesidad de regular la figura del confidente en las investigaciones policiales.

La orden justifica la medida a que "en ocasiones los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevan a cabo diferentes investigaciones basadas o complementadas con información recogida en informes elaborados por los establecimientos penitenciarios" y que estos últimos pueden acabar "incorporados a algún procedimiento judicial y, por tanto, ser accesibles a los abogados defensores de los encausados". El documento señala que esta circunstancia puede "comprometer gravemente la seguridad e integridad física de aquellos internos que pudieran haber colaborado o facilitado información sensible a los profesionales penitenciarios" si su nombre aparece recogido en estos documentos, por lo que "considera necesario preservar la identidad de estos colaboradores" blindando su anonimato.

Por todo ello, el texto -que firma el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Javier Nistal- ordena que partir del pasado miércoles "se impartan instrucciones oportunas para que en aquellos informes o partes en los que se haga referencia a cualquier información facilitada por algún interno se identifique a este exclusivamente por el NIS" y se omita cualquier "otro tipo de dato identificativo, como nombres o alias". Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que hasta ahora los funcionarios que elaboraban estos informes ya preservaban el anonimato de los reclusos que colaboraban utilizando la expresión "fuentes confidenciales", aunque admiten que "en algún caso puntual" se pudo haber incluido datos identificativos.

Estas mismas fuentes añaden que con la orden lo que se pretende es fijar definitivamente cómo se debe recoger el origen de la información sin poner el riesgo al confidente que la ha facilitado. El uso del NIS del interno es un sistema similar al que se utiliza, por ejemplo, para identificar a los funcionarios de prisiones, policías o inspectores de Hacienda que elaboran documentos para un juzgado y que firman con sus números profesionales.

La instrucción se ha hecho llegar a las cárceles semanas después de que el Gobierno hiciera pública la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado en la que, entre otros objetivos, se fija el de regular legalmente por primera vez la labor de los confidentes, una figura considerada “esencial” por los investigadores pero que hasta ahora se mantenía en un limbo jurídico que dificultaba su protección y la de los agentes que trataban con ella.

También coincide con dos operaciones policiales realizadas recientemente por Policía y Guardia Civil gracias a la información aportada por funcionarios de prisiones que han permitido desarticular sendas redes dentro de las cárceles que se dedicaban a radicalizar presos comunes musulmanes. En octubre de 2018, la Operación Escribano permitía desmantelar una formada por 26 presos islamistas —entre ellos Jamal Zougam y Hassan El Haski, dos de los condenados por el 11-M— repartidos en 17 cárceles y que se comunicaban a través de cartas. En febrero, caía otro grupo, este asentado en la prisión de la localidad madrileña de Valdemoro, cuyo presunto cabecilla, Suleimán E. M., ofrecía hasta un millón de euros a los reclusos que se comprometieran a cometer atentados suicidas cuando salieran de prisión.

Fuente: Diario de Córdoba

El plan, puesto en marcha en el 2013, levantó las protestas de sindicatos y formaciones políticas.

El Ministerio del Interior ha decidido renovar el contrato a la seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles, que ya ha supuesto 210,7 millones de euros desde el 2013 y que los socialistas querían cancelar, tal y como expresaban en una iniciativa presentada el mes pasado en el Congreso.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado esta "contradicción" entre lo que el PSOE ha reclamado en diversas ocasiones -la última el 2 de febrero en una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja- y la decisión del Ministerio de prorrogar el contrato de apoyo a la seguridad exterior en centros penitenciarios.

Según ha indicado el responsable de AUGC en los Servicios de Protección y Seguridad, Rafael Sánchez, él mismo realizó sendas consultas al portal de transparencia sobre este contrato y desde el Ministerio del Interior se le respondió que se prorrogaría siete meses, es decir desde el 31 de mayo hasta el 31 de diciembre de este año.

"Al objeto de dar continuidad a los servicios establecidos se ha previsto un una prórroga de siete meses de duración, sin que hasta la fecha se haya valorado la continuidad o extinción de ese contrato", subraya Interior en su respuesta.

Y en otra posterior, el Ministerio cifra en 20,9 millones de euros el coste estimado de esa prórroga.

PLAN INICIADO EN EL 2013

Fue en el 2013 cuando se puso en marcha este plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles, lo que levantó las protestas de los sindicatos de prisiones, de asociaciones de guardias civiles y de algunas formaciones políticas, como el propio PSOE e Izquierda Unida.

Con esa decisión, el Gobierno de entonces pretendía ofrecer una salida a los escoltas del País Vasco que quedaban liberados por el cese de la violencia de ETA y, además, muchos agentes de la Guardia Civil destinados en esos puestos de vigilancia exterior podrían recuperarse para labores de seguridad ciudadana.

Sin embargo, el representante de AUGC cree que ninguna de estas dos pretensiones se ha cumplido y que, por el contrario, se "han duplicado" los servicios y "se ha beneficiado" a las empresas privadas, que "están obteniendo grandes beneficios". 

El representante de AUGC ha recordado que, recientemente, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, compareció en el Congreso para explicar los presupuestos de su departamento y aseguró que la vigilancia exterior de las cárceles volvería a la seguridad pública a medida que se fuera reponiendo el déficit de plantillas de la Policía y la Guardia Civil.

SÁNCHEZ INSTA A NO RENOVAR

Asimismo, Sánchez ha hecho referencia a la iniciativa del PSOE en el Congreso, en la que se insta al Gobierno "a no renovar el contrato de servicio de apoyo por las empresas privadas de seguridad en los centros dependientes del Ministerio del Interior".

Insta también a "sacar las oportunas convocatorias de plazas" de las fuerzas de seguridad del Estado "para atender las necesidades que se derivan por la escasez de recursos personales actuales en la seguridad perimetral de las prisiones".

AUGC reclama que el Gobierno "sea consecuente con sus postulados y no prorrogue el contrato", ya que entiende que ese "ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos".

Resalta AUGC que los vigilantes que prestan esos servicios perciben "unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública".

Sánchez ha calculado el coste total de la seguridad privada en las cárceles desde su puesta en marcha, con un total de 210 millones si se cuenta la próxima prórroga.

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, AL CUERPO ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA SUBSECRETARÍA (BOE 7 DE DICIEMBRE).
RESUELVE
De conformidad con lo previsto en el Anexo I de la convocatoria, y con anterioridad a la realización del primer ejercicio de la fase oposición, que se hagan públicos los criterios de valoración, corrección y superación correspondientes a este primer ejercicio.
Y para que así conste, firmo el presente en Madrid, a 12 de marzo de 2019

El Tribunal Calificador de las  pruebas selectivas para ingreso , por el sistema de acceso libre, al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 26 de septiembre de 2018 (BOE del 2 de octubre) ha acordado:

PRIMERO:- Publicar el listado de las calificaciones del segundo ejercicio(Anexo I).

SEGUNDO.-Declarar que han superado el segundo ejercicio los aspirantes que figuran en el Anexo II y III.

TERCERO.- Publicar la puntuación obtenida por los aspirantes que han superado el primer y segundo ejercicio(Anexo IV).

CUARTO.- Declarar que pasan a la siguiente fase, los aspirantes que figuran en el Anexo V.

QUINTO.-Convocar a los aspirantes que figuran en el Anexo V para la realización del TERCER EJERCICIO.

Podrá consultarse el Anexo I,II,III,IV y V en el Registro General de La Secretaría General de IIPP., en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno , en la Dirección Gral. de la Función Pública, en la web del Mº del Interior www.interior.gob.es y en el teléfono 902150002.

 
 
NOTA INFORMATIVA
 Se recomienda a todos los aspirantes, para una mayor agilización del proceso selectivo, que  presenten la documentación abajo indicada, el día del reconocimiento médico en el Registro General de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias:
A) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la convocatoria. Aquellos que no estén en posesión del título exigido deberán presentar certificación académica original o compulsada que acredite haber realizado todos los estudios conducentes a la obtención del título.
B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
C) Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados.
Desde el Servicio de Régimen Económico y Habilitación se facilita este DOCUMENTO (Datos bancarios y afiliación Seguridad Social), que deberán rellenar y adjuntar a la documentación anteriormente citada.

El Tribunal Calificador de las  pruebas selectivas para ingreso , por el sistema de acceso libre, al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 26 de septiembre de 2018 (BOE del 2 de octubre) ha acordado:

PRIMERO:- Publicar el listado de las calificaciones del segundo ejercicio(Anexo I).

SEGUNDO.-Declarar que han superado el segundo ejercicio los aspirantes que figuran en el Anexo II y III.

TERCERO.- Publicar la puntuación obtenida por los aspirantes que han superado el primer y segundo ejercicio(Anexo IV).

CUARTO.- Declarar que pasan a la siguiente fase, los aspirantes que figuran en el Anexo V.

QUINTO.-Convocar a los aspirantes que figuran en el Anexo V para la realización del TERCER EJERCICIO.

Podrá consultarse el Anexo I,II,III,IV y V en el Registro General de La Secretaría General de IIPP., en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno , en la Dirección Gral. de la Función Pública, en la web del Mº del Interior www.interior.gob.es y en el teléfono 902150002.

 
 
NOTA INFORMATIVA
 Se recomienda a todos los aspirantes, para una mayor agilización del proceso selectivo, que  presenten la documentación abajo indicada, el día del reconocimiento médico en el Registro General de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias:
A) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la convocatoria. Aquellos que no estén en posesión del título exigido deberán presentar certificación académica original o compulsada que acredite haber realizado todos los estudios conducentes a la obtención del título.
B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
C) Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados.
Desde el Servicio de Régimen Económico y Habilitación se facilita este DOCUMENTO (Datos bancarios y afiliación Seguridad Social), que deberán rellenar y adjuntar a la documentación anteriormente citada.

Fuente: Tele 5

Francisco Correa ha sido trasladado del módulo de respeto de la cárcel de Valdemoro hasta el módulo 6, el más severo, tras haberle encontrado un teléfono móvil. Según ha informado Cadena SER, los funcionarios que han descubierto al preso con el teléfono han activado los protocolos de castigo que se siguen en estas ocasiones.

Una de las consecuencias de haber hallado el móvil es que Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, es que el preso tendrá que compartir celda con otro compañero tras haber sido trasladado de módulo. El medio de comunicación ha conseguido ponerse en contacto con diferentes presos de la cárcel de Valdemoro que han afirmado que Correa utilizaba el teléfono con asiduidad y desde hace tiempo.
Además, la Cadena SER también ha asegurado que el dispositivo era custodiado por otro preso de confianza de Francisco Correa que le ayudaba a esconderlo. 
Niega los negocios de la Gürtel en Valencia

La última vez que el líder de la Gürtel, Francisco Correa, declaraba ante el juez fue el pasado martes 29 de enero cuando insistió ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en que él no era el que hacía los negocios de sus empresas en la Comunidad Valenciana, por lo que no conocía los detalles de los mismos, de modo que no ha señalado al expresidente Francisco Camps como la persona que habría ordenado contratar con la trama.
Según informaban fuentes jurídicas, Correa explicó, como ya hizo hace un año en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, que eran sus socios Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', quienes se encargaban del día a día de la actividad de Gürtel en la Comunidad Valenciana a través de la empresa Orange Market.

La declaración de Correa de ese día se mantuvo en una línea parecida a lo que ya manifestó hace un año en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, justo el mismo proceso que ha dado lugar a la imputación de Camps a raíz de las revelaciones que allí se hicieron, como la del ex secretario general del partido Ricardo Costa, quien apuntó directamente al expresidente como el que tomaba las decisiones.

Fuente: El Pais

El estudio consiste en suministrar una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente de los reclusos.
El Defensor ha decidido iniciar la investigación de oficio, al no haber recibido hasta ahora ninguna denuncia. Para ello esgrime que la condición de “personas bajo custodia” de los reclusos de los Centros Penitenciarios de Huelva y Córdoba que participaron en el experimento “elimina cualquier voluntariedad en su decisión de hacerlo”, señalan fuentes de la institución. Como primer paso Fernández Marugán recabará de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias información sobre el estudio. “El Defensor del Pueblo se toma este asunto muy en serio pero no quiere prejuzgar hasta que no tenga toda la información en la seguridad de que Instituciones Penitenciarias actuará con toda pulcritud”, añaden fuentes de

El estudio, que se realizó entre 2016 y 2017, consiste en suministrar una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente de los reclusos y evaluar, antes y después, sentimientos como la hostilidad y la rabia mediante un cuestionario de 40 preguntas en el que los presos debían responder si son falsas o verdaderas afirmaciones como “si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona” o “algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar”.

Entonces, Interior exigió a los autores que cumplieran con la Ley de Protección de Datos para preservar el anonimato de los presos, que la participación de estos fuera voluntaria y que, además, hicieran un consentimiento por escrito. También reclamó a los científicos que enviaran una copia del informe con los resultados. Ninguno de los 41 presos recibió nada a cambio.

Los resultados del estudio mostraron caídas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad física, según anunciaron recientemente sus autores. El experimento está coordinado por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México.

Prisiones había aprobado el pasado 22 de enero una segunda fase del estudio, que se iba a iniciar este mes en la prisión de Huelva. Sin embargo, al trascender el pasado jueves los detalles del experimento, Interior decidió “paralizar cautelarmente” la autorización y solicitar a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria un informe sobre los posibles efectos en los internos que participaran. El artículo 211 del Régimen Penitenciario exige que para someter a los reclusos a investigaciones médicas, estas deben ser aprobadas por una comisión ética y permitir “esperar un beneficio directo y significativo” para la salud de interno “y con idénticas garantías que las personas en libertad”.

Fuente: ABC.es

«La política penitenciara actual en España ha ido dilatando la búsqueda de una solución»

Nadie quiere ir a la cárcel. Resulta evidente.

Bueno, los funcionarios de prisiones sí quieren ir. Es su puesto de trabajo y, lógicamente quieren acudir cada día a desempeñar sus funciones laborales. Y lo quieren hacer con dignidad y con seguridad. Y con estabilidad laboral. Y con salarios dignos, adecuados a un trabajo complicado, especializado y con plantillas y medios suficientes.

Este planteamiento, que resulta evidente, no se compadece con la realidad de las prisiones españolas. El problema, latente desde hace mucho tiempo, va mucho más allá de la coyuntura política del momento. Viene de antes y, en lo que toca a responsables políticos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La política penitenciara actual en España ha ido dilatando la búsqueda de una solución con diferentes administraciones y diferentes partidos en los gobiernos de turno. A estas alturas, los informes y las cifras son demoledores.

No les voy a aburrir con datos porque unas pocas pinceladas son suficientes. En los últimos ocho años han desaparecido 3.400 empleos en Prisiones. Tres cuartas partes de la plantilla global superan los 40 años y en los últimos nueve años sólo se ha cubierto con un funcionario nuevo una de cada tres jubilaciones. A fecha de hoy hay 26 módulos sin abrir en distintas prisiones en toda nuestra geografía nacional. Eso no sólo perjudica a los trabajadores. También a los reclusos. Y no es un tema menor.

Recuerden, nadie quiere ir a la cárcel, pero si alguien ha de ingresar, ha de hacerlo en las mejores condiciones posibles. Insisto. Los funcionarios sí quieren ir. A trabajar, pero es bastante habitual que el desempeño de sus funciones se vea dificultado por la abrumadora carencia de medios. Es bastante habitual que en prisiones ya saturadas, nos encontremos con tan sólo dos funcionarios de servicio por cada 140 internos. Y la solución no parece próxima.

A mí, desde la mirada del observador ajeno al mundo penitenciario, me da la sensación de que la gestión del sector no es la más adecuada. Funcionarios cambiados de puesto, creación de empleos no previstos y una reserva mínima de profesionales en las bolsas de interinos. Es lo que hay.

Lejos de tener una mirada catastrofista, suelo ceñirme a la realidad de los datos. Y los datos, en un tema como este, espantan. Además necesito que alguien me explique por qué es una cuestión silenciada durante años. Diferentes gobiernos han intentado pasar por Prisiones como de puntillas. Como si al no hablar del problema, el problema no existirá. Seguramente vende más hablar de inversiones en sanidad o en educación. Y, además, con un agravante. La diferencia salarial de los funcionarios con destino en diversas Comunidades Autónomas con respecto a los destinados en las cárceles de Cataluña, gestionadas directamente por la Generalitat. Una diferencia que se cifra entre los 300 y los 520 euros al mes. Casi nada para el que mira su nómina a final de mes.

Y no se nos olvide un dato. Los funcionarios de Prisiones son el colectivo de la Administración que más agresiones sufre en el desempeño de su trabajo.

Recuerden… nadie quiere ir a la cárcel, pero las cárceles están llenas. Piénselo. Tal vez sea el momento de que todos nos concienciemos de este problema que nadie parece ver.

Fuente: Alcala Hoy

Un sindicato mayoritario en el sector penitenciario quiere denunciar, una vez más, el problema que se está generando en el centro debido a la escasa plantilla

Los funcionarios de la cárcel Alcalá Meco de Madrid están cada vez más indignados ante la situación por la falta de personal en la prisión. Se enfrentan a una situación muy difícil de sostener si no se adoptan lo antes posible las “medidas imprescindibles” tendentes a solucionar esta escasez. Lo han vuelto a denunciar debido al desinterés por parte de los responsables.

La sección sindical de ACAIP, sindicato mayoritario en prisiones quiere poner de manifiesto, una vez más, los graves problemas de personal que se vienen dando desde hace tiempo en los tres centros: Madrid I, Madrid II y CIS, llegándose en el momento presente a una situación prácticamente insostenible.

Repasando los centros uno a uno nos encontramos con que Madrid I se encuentra con un déficit de personal del 17%, lo que viene a significar que tiene 40 vacantes de la RPT sin cubrir, teniendo la mitad de la plantilla una edad superior a los 55 años.

Por su lado, Madrid II presenta un déficit cercano a los 70 funcionarios, con el 40% de trabajadores públicos con una edad superior a los 55 años, con lo que ello conlleva asociado (bajas por enfermedad, riesgo en intervenciones, etc.).

Por último, señalar que la ausencia de personal en el CIS tiene una especial relevancia en el área de vigilancia, donde el déficit de funcionarios está rondando el 30% de la RPT del centro siendo sus causas, entre otras, el elevado número de comisiones de servicio que, en algunos casos, tienen difícil justificación.

Dicha carencia de personal da lugar a que, por ejemplo, en Madrid II el trabajo que, normalmente deberían desarrollar al menos dos funcionarios, la práctica totalidad del tiempo es ejercido por uno solo, con lo que ello conlleva de carga de trabajo y de incidencia negativa tanto en la seguridad de los trabajadores, como de los propios reclusos.

De otro lado, la pérdida de funcionarios en Madrid II, no es correlativa a la disminución de la población reclusa, ya que el centro fue construido para albergar, inicialmente, un número de internos no superior a 500, estando la población reclusa, en la actualidad, cercana a los 750 internos, es decir, un contingente de reclusos superior en un 25% al inicialmente previsto.

Hay que decir que esta calamitosa situación ha venido siendo denunciada, de forma repetida, por esta sección sindical, sin que, hasta la fecha, nos conste que nuestras autoridades penitenciarias hayan realizado acción alguna tendente a solucionar de una vez esta problemática que desde hace tanto venimos sufriendo los trabajadores penitenciarios. Problema que no sólo es exclusivo de las cárceles alcalaínas sino que, lamentablemente, está extendido por todo el territorio nacional.