Fuente: Diario.es

El Gobierno cesa a ocho directores de Prisiones y revoluciona la cúpula de Instituciones Penitenciarias sin esperar al cambio de gobierno del 28-A.

Fuente: Ceuta al día

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura a Martínez y Mohamed que tras la apertura de la nueva cárcel “existen importantes motivos para plantear y acometer el cambio de categoría” reclamado por los representantes de los trabajadores con el objetivo de pasar del nivel 2.2 insular asignado al equipamiento clausurado en Los Rosales a 1.1. El incremento de personal, condicionado a los procesos selectivos.

El Gobierno de Pedro Sánchez sí parece dispuesto ahora a atender una de las reivindicaciones de los representantes del personal de la prisión de Ceuta. Considera que tras la clausura de de la cárcel de Los Rosales “con la consiguiente inauguración y apertura del nuevo” de Loma Mendizábal “existen importantes motivos para plantear y acometer el cambio de categoría” de la prisión de la ciudad autónoma, ya que “la que tenía asignada el anterior establecimiento no se corresponde con la estructura y complejidad de nuevo Centro Penitenciario”.

Los dos senadores ceutíes, Guillermo Martínez y Fatima Mohamed, interpelaron al Ejecutivo por si “dándose los criterios objetivos en el Centro Penitenciario de Ceuta para ser calificado con el nivel 1.1, piensa el Gobierno acometer dicha recalificación”.

La prisión de Los Rosales tenía asignada una categoría 2.2 insular. Las diferencias retributivas para el personal en su complemento específico pueden superar los 3.000 euros al año entre una cárcel considerada 1.1 insular y una con el nivel actualmente asignado al de Loma Mendizábal. Una clasificación que data de 1989 agrupa a las prisiones de España en 9 categorías en función de su estructura arquitectónica.

Con respecto a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión local, el Gobierno socialista se ha remitido a la finalización de los procesos para la incorporación de 831 nuevos funcionarios del Cuerpo de Ayudantes y Facultativos de Sanidad Penitenciaria, Enfermeros, Funcionarios del Cuerpo Especial, Interinos, etcétera.

"Con ese incremento y contando con los efectivos disponibles en la actualidad se podrá incrementar la dotación de personal en el Centro Penitenciario de Ceuta y se podrá activar la paulatina apertura de módulos residenciales", ha augurado la Administración, que cree que "con las medidas antes anunciadas el personal de Centro Penitenciario se incrementará y ello permitirá una mayor disponibilidad de efectivos que atiendan, en su integridad, las necesidades del citado establecimiento".

La Administración nos ha convocado a la Mesa delegada para el próximo día 11 de marzo, con el mismo Orden del Día que la suspendida del 5 de marzo. La única modificación, que se utiliza para evitar los plazos del Reglamento de Funcionamiento, es la de considerar la reunión como de carácter extraordinario. ¿Cuáles son los motivos de esta urgencia? ¿Cuál es la justificación de tras nueve meses de pésima gestión?

Además, nos ha enviado un documento para realizar modificaciones a la segunda actividad. Os adjuntamos los dos documentos. Sin embargo, no han dado ninguna documentación sobre la productividad o la posible modificación de horario del personal sanitario.

ACAIP-Ugt  no va a acudir a la reunión; ya hemos dicho por activa y por pasiva que sin mejoras retributivas no entrábamos a solucionar problemas a la Administración; podemos hablar de cualquier cosa, pero los trabajadores a día de hoy tienen otras expectativas y prioridades.

Un Gobierno en funciones con una Administración Penitenciaria inoperante no puede en este momento temporal modificar con una instrucción el Real Decreto 89/2001 de asignación de puestos de trabajo por razón de edad, cargándose la propia naturaleza del mismo, el sentido del Acuerdo que la creó y su desarrollo legal en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Si CCOO asiste a dicha reunión, estará haciendole el "juego" a la Administración penitenciaria de intentar llegar a acuerdos aunque su representación sea testimonial en dicha mesa.

Le enviamos en dos archivos PDF adjuntos el anuncio con la actualización de la oferta en Cirugía Ocular con descuento extra durante este mes y el anuncio de la nueva oferta de Clínicas y Hospitales Veterinarios Peñagrande (Madrid)  y  le pedimos su difusión para su colectivo.

Ver/Descargar PDF Cirugía Ocular-Oftalmología (actualizado por última vez el 05/03/2019)

Ver/Descargar PDF Nuevo Servicios Veterinarios

Por favor, si quieren que les enviemos carteles físicos para su tablón de anuncios u otra personalización, díganoslo.

En el Área de Ventajas para su Colectivo ya está actualizada esta información. Por favor,  si no les interesa que aparezca alguna de estas ofertas en su área particular, avísenos para que la desactivemos. El enlace donde mantenemos actualizadas todas las ofertas y la información detallada relativa a condiciones sigue siendo:

https://www.abanzis.com/colectivo/WC20944991012012

Se convoca reunión del Grupo de Trabajo de Guantes de Cacheo para el próximo día 6 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en la sa la de juntas de la Secretaría Genera l de Instituciones Penitenciarias, e/ Alcalá 38-40, 6ª planta, Madrid, para continuar con el estudio de guantes de cacheo y requisa.

Se adjunta plantilla correctora del segundo ejercicio de acceso al Cuerpo de Ayudantes, OEP 2018

ACUERDO   DE LA  COMISIÓN  NEGOCIADORA  DEL IV CONVENIO ÚNICO  PARA   EL PERSONAL   LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL  DEL ESTADO

 La Comisión Negociadora del IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en su reunión de 4 marzo de 2019,

 ACUERDA

Primero.- Aprobar el IV Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, con el texto y anexos adjuntos y con las siguientes premisas:

1.-Establecer el período de vigencia del IV Convenio único hasta el 31 de diciembre de

2.- La financiación de las medidas contenidas en el presente convenio colectivo proviene en parte del Acuerdo de distribución de fondos adicionales de 4 de marzo de 2019 . Los firmantes del presente Convenio aceptan expresamente el  montante  de dicha financiación y el origen de la misma a través del instrumento antes referido................

Para su conocimiento y el del personal dependiente de esta Entidad que presta servicios en ese centro y,  en su caso, en sus unidades  dependientes, le comunico que se encuentran publicados en nuestra Intranet la Resolución por la que se regula la convocatoria general del Plan de Acción Social  2019, las Bases de la Convocatoria y el Manual de Usuarios para solicitar las ayudas de forma telemática.

 Por parte de esa Dirección deberá habilitarse un equipo con lector de DNI electrónico para que los interesados puedan cumplimentar las solicitudes. El acceso al Portal Funciona se realizará a través del siguiente enlace: https://www.funciona.es/magnoliaPublic/funcionaSIGP (solo ordenadores de la Administración General del Estado). Los peticionarios que posean certificado electrónico podrán cumplimentarlas desde su equipo.

 Tal como establecen las bases de la convocatoria, únicamente podrán presentar las solicitudes en formato papel los peticionarios de ayuda por jubilación y fallecimiento y aquellos funcionarios que, por causa justificada, tengan autorización expresa de esta Gerencia para hacerlo por este medio.

 El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana , día 13 de febrero y finaliza el 12 de marzo de 2019, ambos incluidos.

Fuente: diario de Cordoba

En los últimos días se han dado al menos dos episodios en módulos distintos.

La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitencias (Acaip) ha denunciado la aparición de nuevos casos de sarna en el centro penitenciario de Córdoba. El delegado de Acaip en Córdoba, José Miguel Sánchez, ha señalado hoy en una nota de prensa que "en los últimos días se han dado al menos dos nuevos casos de sarna en modulos distintos", y añade que ambos internos han sido trasladados a la Enfermeria de la prisión, "donde permanecen en situación de aislamiento sanitario".

Esta agrupación denuncia "la no existencia de protocolos individualizados para los trabajadores del centro, la falta de medios de prevención e higiene adecuados" y solicita "la intervención urgente de la Consejería de Salud por tratarse de un tema de sanidad pública".

Asimismo, José Miguel Sánchez lamenta "la actitud pusilánime" de la Dirección del centro penitenciario, que, a su modo de ver, se limita "a negar y disimular la existencia del problema en vez de tomar medidas eficaces que resuelvan este brote". El delegado de Acaip resalta que "la inquietud y la preocupación se van extendiendo tanto entre los internos como los empleados del centro ante el temor de poder verse afectados". Por todo ello, Acaip exige "que se asuman las responsabilidades pertinentes y se apliquen soluciones contundentes para acabar con este grave problema sanitario".

Fuente: El Pais

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que establece que es Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y no el servicio de sanidad de cada comunidad autónoma, quien debe asumir los costes de la atención médica en hospitales públicos que reciban los presos asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social.

Las resoluciones, falladas en respuesta a dos recursos de los servicios de salud de Madrid y Andalucía, dan la razón a estas administraciones, y fija el criterio que se deberá seguir, pues ambas habían recibido respuestas contradictorias en su reclamación: mientras el Tribunal Superior de Justicia madrileño avaló que se girasen los costes al Ministerio del Interior, su homólogo andaluz apoyó la tesis del abogado del Estado, que depositaba la responsabilidad económica en la comunidad autónoma.

Para la Sala Tercera, a falta de convenio de colaboración entre ambas administraciones –incumpliendo el artículo 207.2 del Reglamento Penitenciario-, "la normativa aplicable abona que sea Instituciones Penitenciarias quien satisfaga esos costes", tanto "por la relación de sujeción especial que liga al interno con tal administración", como "por la obligación ex lege de garantizar su salud" que tiene la prisión y "por la inexistencia de precepto alguno que permita excluir aquella financiación por la sola condición del preso como beneficiario de la Seguridad Social".

La ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, de 2003, establecía un plazo de 18 meses para transferir a las comunidades autónomas los servicios sanitarios de los presos. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el Gobierno central y los autonómicos siguieron renovando los convenios bilaterales por los que los servicios de salud autonómicos se hacían cargo de la atención especializada a los reclusos que Prisiones no puede ofrecer. Pero estos acuerdos dejaron de renovarse en 2014, cuando llegaron los nuevos fármacos contra la hepatitis C, un virus que, según los datos de la Sociedad española de Sanidad Penitenciaria, afecta a alrededor de 13.000 de los 65.000 reclusos que hay en España. El elevado coste de los nuevos tratamientos, inasumible con el importe de los convenios que hasta entonces se firmaban, dinamitó las relaciones entre Prisiones y las comunidades, que pleitean en los tribunales por ver a quién le corresponde pagar estos antivirales. La mayoría de los jueces está dando la razón a las autonomías.

El Supremo confirma así la sentencia del TSJ de Madrid y estima el recurso del Servicio Andaluz de Salud contra la dictada por el TSJ de Andalucía, y fija que de ahora en adelante, ante la inexistencia de convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones, "corresponde a la administración penitenciaria la asunción de tales costes, con independencia de que el interno en los centros penitenciarios que recibe la asistencia sea o no beneficiario, afiliado o asegurado a la Seguridad Social".

Los magistrados también indican que la jurisdicción contencioso-administrativa es la que tiene atribuida la potestad de juzgar el asunto, aunque la cuestión se refiera a prestaciones de la Seguridad Social, pues no está concernido el derecho a la asistencia, sino el reparto de costes entre dos administraciones públicas del precio público derivado de aquella prestación.

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados que la han dictado, Nicolás Maurandi, quien considera que eran los servicios de salud de Madrid y Andalucía, y no la administración penitenciaria, quienes debían asumir los costes cuando se tratase de personas afiliadas o beneficiarias del Régimen General de la Seguridad Social.

Mientras, en el caso de los no afiliados, el magistrado entiende que debe ser Prisiones quien corra con los gastos de la asistencia hospitalaria, dado que tiene la condición de usuario privado indirecto del sistema al que por tanto, Sanidad podría facturarle el importe de la asistencia prestada.