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Pablo

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El sindicato ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, quiere poner en conocimiento de la sociedad los siguientes hechos. Sobre las 19:00 horas de hoy sábado 18 de abril, los funcionarios del Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento, en colaboración con la Guardia Civil del complejo de Fontcalent han conseguido frustrar el intento de fuga de dos internos.

Los hechos se han producido en el módulo 4, donde se encuentran los internos más conflictivos del centro. Dos de ellos han saltado el muro del patio del módulo y subido a los tejados del recinto. Rápidamente se ha dado la voz de alarma y los funcionarios han salido en su persecución teniéndolos controlados en todo momento y con comunicación constante con la vigilancia exterior de la guardia civil. Finalmente, los internos han saltado cayendo en el perímetro de seguridad de la prisión donde han sido detenidos y trasladados al módulo de aislamiento. Una vez más la rápida intervención y la profesionalidad de los trabajadores penitenciarios ha frustrado un intento de fuga.

Los incidentes en las prisiones son frecuentes, y la situación excepcional que vivimos no hace más que incrementar una tensión ya de por sí alta, por lo que los trabajadores están mostrando un plus de implicación, trabajo y saber hacer para solventar los problemas cotidianos y los agravados por la situación para evitar, por una lado la propagación del Covid 19 en un entorno cerrado y por otro losproblemas regimentales que se puedan producir. Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma, en este mismo centro, los funcionarios solucionaron con una pericia envidiable un plante de más de 50 internos.

Es importante volver a incidir en que los funcionarios de prisiones llevamos 3 años en conflicto con la administración para que se atiendan las demandas de reconocimiento de la labor excepcional de os trabajadores penitenciarios y que se dote de medios materiales, humanos y jurídicos para poder realizar nuestra labor constitucional de reeducación y reinserción con garantías.

Fuente: El Confidencial

Antes de su fallecimiento, se registró la muerte de una interna de 78 años de Madrid VII-Estremera y de otro trabajador del centro penitenciario de Alicante

Un funcionario del centro penitenciario de Cuenca, Ángel F.M., ha fallecido por coronavirus a la edad de 62 años y tras ser ingresado en la UCI el pasado 31 de marzo, han informado fuentes de Instituciones Penitenciarias. Es la tercera víctima del coronavirus en el ámbito penitenciario.

Ángel F.M. era funcionario en segunda actividad, en oficinas del centro penitenciario de Cuenca. Antes de él, falleció el 24 de marzo en el Hospital de Arganda víctima del Covid-19 una interna de 78 años de Madrid VII-Estremera. Seis días después, el 30 de marzo, falleció Ismael, de 66 años, trabajador del centro penitenciario de Alicante.

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, en la actualidad están registrados 217 trabajadores por dar positivo en Covid-19 y también hay 32 internos contagiados. La institución tiene 24.000 funcionarios y unos 50.000 reclusos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado la muerte de Ángel F.M. en un comentario desde la cuenta oficial de Twitter del departamento ministerial. "Hoy nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de Ángel F.M., funcionario del centro penitenciario de Cuenca, víctima del Covid-19. Nuestro pésame y todo nuestro cariño para su familia, compañeros y para todos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias", ha señalado.

Fuente: La Razón

El sindicato ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Toledo, de Madrid y de Álava por la apertura de los talleres externos de Estremera y Álava, y por la próxima apertura del de Ocaña en plena pandemia de coronavirus.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), ha interpuesto una denuncia contra la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ante la Fiscalía Provincial de Toledo, Madrid y Álava por abrir los talleres externos que “ponen en grave peligro la salud y la vida de los trabajadores y de los internos del centro”.

Así, pese a la delicada situación que se vive en prisiones debido al coronavirus, se ha procedido a la apertura de los talleres productivos de los Centros Penitenciarios de Madrid VII y de Álava, y la próxima semana comenzarán los de Ocaña I y II, que colaboran con Knorr-Bremse España, S.A., la empresa OCTÉ Electric y Alecop.

Pese a que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aseguraron recientemente que el acceso de los trabajadores externos no penitenciarios que asesoran a los internos se realiza con la condición de que tengan la prueba PCR negativa o una declaración responsable y con Equipos de Protección Individual (EPI), desde el sindicato precisan que “no son cuestiones esenciales y se está poniendo en peligro la vida de los internos y de los funcionarios”, y recuerdan que ayer mismo falleció un funcionario del Centro Penitenciario de Cuenca.

 
Cabe recordar que el pasado 19 de marzo, el presidente de la Entidad Pública de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) suspendió temporalmente la actividad en estos talleres que colaboran con empresas externas atendiendo uno de los escritos presentados por el presidente de Acaip. Sin embargo, a partir del pasado día 13 comenzaron a abrirse de forma gradual.

El taller del Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera, comenzó a funcionar el pasado lunes 13 de abril, “a pesar de no contar con ninguna resolución que anulase aquella por la que se suspendían las actividades en los mismos”. Los internos que trabajan en estos talleres fabrican el conexionado de cableado especializado en ascensores (de hospitales) y se encuentran ubicados en el Módulo 8 del centro. Pues precisamente, uno de los internos de dicho módulo fue aislado el pasado día 8 de abril por presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Y, sin embargo, tal y como recoge la denuncia del presidente de Acaip, el resto de compañeros que tuvieron contacto con él fueron a trabajar el pasado día 13. Por esta circunstancia el taller no ha podido funcionar ni el martes 14 ni el miércoles 15.

En el Centro Penitenciario de Álava la producción de cableado electrónico para instalaciones sanitarias comenzó el pasado miércoles con un monitor de la empresa externa y 10 internos.

A continuación serán los talleres de Ocaña I y II, cuya actividad nada tiene que ver con el sector sanitario, aseguran desde Acaip, ya que "realizan la mecanización de un producto destinado a la refrigeración de trenes, han comenzado con el trabajo de los monitores de la empresa externa y la próxima semana se van a ir incorporando internos a la producción”.

Pese a que como en el de Álava, la producción de este taller cubre necesidades en el servicio esencial sanitario, tan importante en estos momentos, desde Acaip sostienen que si el motivo de la apertura fuese ése, no se habrían cancelado previamente dado su carácter esencial.

Además, en el caso de los talleres de los centros penitenciarios de Ocaña, su actividad industrial nada tiene ver con actividades esenciales o sanitarias, por lo que la única explicación de su próxima reapertura es, sostienen, “meramente económica, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de los internos trabajadores”. Por eso, piden que se proceda a su cierre obedeciendo a una cuestión de salud pública.

 

Ante la situación de irresponsabilidad generada por la Administración Penitenciaria y, en especial,  por el Gerente de la Entidad Pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, al proceder a la apertura de determinados talleres en los Centros de Estremera, Araba, Ocaña 1 y Ocaña 2, hemos requerido tanto a la entidad como a los director@s de los centros al cierre de los mismos.Junto con ello, se han interpuesto sendas denuncias ante las Fiscalías de Madrid, Toledo y Araba. Este Sindicato realizará todas las medidas que considere necesarias para intentar evitar una situación  que genera un importante problema de salud pública y demuestra un auténtico menosprecio hacia los trabajadores penitenciarios por parte de TPFE.

Fuente: El Cierre digital

El JEMAD hizo público ayer el anuncio en rueda de prensa, pero el sindicato ACAIP se queja de la no explicación de los motivos sanitarios para hacerlo

Funcionarios de prisiones, familias y población reclusa han expresado su preocupación por el anuncio de instalación de un hospital de campaña en la prisión valenciana de Picassent, según el anuncio que realizó el martes el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Villarroya. El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip se queja de la falta de información sobre la afectación real de la pandemia del COVID-19 entre la población reclusa.

El anuncio de la instalación de un hospital de campaña en el Centro Penitenciario de Picassent, Valencia, para atender a infectados por coronavirus ha generado "una gran intranquilidada entre los trabajadores de Instituciones Penitenciarias del centro, sus familias y entre la población reclusa, así como también en el ámbito local", según han explicado desde el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip-Ugt.

 
 El anuncio lo realizó el 14 de abril el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Ángel Villarroya, durante la comparecencia diaria en rueda de prensa. Desde Acaip explican que "se ha disparado la rumorología y la demanda de información sobrel el porqué de dicha instalación, y si los datos facilitados sobre el alcance de los contagios en dicho centro penitenciario son ciertos, o se puede estar ocultando la realidad" y añaden que este anuncio "no se corresponde con el deber de responsabilidad que deben tener los responsables públicos sobre todo en situaciones tan extremas como las actuales".

Según algunas informaciones la petición para instalar este hospital de campaña llegó al Ministerio de Defensa a través de la Delegación de Gobierno en la comunidad valenciana. Acaip se queja de que hay actuaciones pendientes por parte de Delegación que no se realizan como "que no se realizan las gestiones necesarias para que se realicen los test de coronavirus a todos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias de Valencia". Asimismo, se quejan de que "no se están proporcionando mascarillas suficientes a los centros penitenciarios de la Comunidad de Valencia, lo que supone que los trabajadores deban usasr mascarillas quirúrgicas desechables durante turnos de 40 horas".

Por todo ello el sindicato Acaip-Ugt pide información: "Los motivos por los que se anunció la posibilidad de instalar un hospital de campaña en Picassent. Saber qué organismo tuvo la idea de esa posible instalación y las conclusiones de la visita realizada al Centro Penitenciario de Picassent de la comisión militar desplazada al mismo para realizar un reconocimiento de las instalaciones".

Fuente: La Razón

Pese a los anuncios del Ejecutivo Sindicatos de varias CC AA denuncian la carencia en sectores esenciales.

«¿Dónde están los test? Eso nos gustaría saber», afirma Javier Díaz Toril, responsable de CC OO de la Comunidad de Madrid. «No sabemos qué está pasando con ellos; ni el número de test ni dónde están el resto de medios. Es un desastre», añade. El Ministerio de Sanidad informó el 11 de abril que el Gobierno estaba distribuyendo 979.200 test rápidos de detección de anticuerpos entre las CC AA. Una partida que se sumaba al más de un millón que ya distribuyó hace unos días. Y que se entregará el resto, cinco millones de unidades adquiridas, en los próximos días. Sin embargo, en los sectores más críticos, como son sanitarios, residencias de personas mayores y prisiones, no están llegando a la velocidad que debería. «En las residencias públicas sabemos que está priorizando hacer test a trabajadores con sintomatología que están de baja y a las usuarios de residencias. Pero a los empleados en activo no, porque nos aseguran que no hay test aún para hacérselos. ¿Por qué no hay? Llegan aviones con ese material y no sabemos dónde están. La Administración nos dice que no les han suministrado test para todos. Y no tenemos el dato de a cuántos usuarios o trabajadores les han hecho test», incide.

Desde el CSIF, Elena Moral, indica que en Madrid «se está priorizando que la gente vuelva al trabajo. Así, se están agilizando los test para los trabajadores en residencias que están en casa de baja no a los que están en activo porque se necesita plantilla, con excepciones. El lunes parece ser que a los trabajadores de la residencia Francisco de Vitoria sí se les empezó a hacer. En el Carmen, todavía no, solo se les ha convocado a que vayan a hacerse la prueba. Entre la plantilla de residencias de mayores y de centros de personas con discapacidad hay unos 5.000 trabajadores, y según la administración han dado positivo 188 y están en aislamiento 1.437. Pero no nos dicen a cuántos empleados han hecho el test y es clave conocer ese dato».

En el caso de las residencias privadas y concertadas de Madrid, Marisol Castro, de CC OO, asegura que «no estamos recibiendo test para los profesionales ni el aviso para hacerlo. Solo ha llegado un puñado de pruebas que ni siquiera cubren a todos los residentes». «No sabemos cuántos se han hecho. Si en una residencia hay 100 residentes, llegan 40. Hay muy pocos test. Está habiendo que elegir a qué residentes se les hace. A los trabajadores en general no se les ha hecho. Muchos trabajadores volvieron a trabajar a la residencia sin haber sido diagnosticados, volvieron solo tras pasar la cuarentena en casa. Algunas entidades privadas han pagado ellos la prueba y en otras han dicho a las trabajadores que abonen ellos los 40 euros para la prueba que ya se lo devolverán».

 
 
 

El sindicato ha reclamado información a las direcciones de las residencias, pero los responsables de las empresas privadas que gestionan los centros han asegurado que tampoco han recibido indicación de la Administración. A estos lugares han comenzado a llegar algunos test, pero una «ínfima cantidad». Los responsables del sindicato consideran que «se siguen haciendo las cosas mal» y que «así no van a pararse los contagios». Juani Peñafiel, responsable de Dependencia de CC OO Sanidad Madrid, asegura que si solo se hacen los test a los residentes que «a ojo» se entiende que están contagiados «el Covid-19 puede estar ahí y se está extendiendo tal y como ha ocurrido desde que la pandemia entró en las residencias». «Hemos preguntado que cuándo se van a hacer test rápidos a lo que la Dirección General de Salud Pública ha respondido que se pretenden hacer a todos los profesionales de la sanidad, cuando se vaya disponiendo de ellos», añaden.

Y no solo pasa en Madrid. En Cataluña, según CC OO, «nos han dicho que harán test. Pero ahora no se están haciendo test masivos. Solo si tienes síntomas. Y la mayoría se reincorpora al trabajo tanto sanitarios como sociosanitarios sin que les hagan un nuevo test, salvo los que tienen algún síntoma a pesar de los días».

En País Vasco, según CC OO Euskadi, «no se están haciendo test masivos a las plantillas, solo a quien presente síntomas y no a todos». En Murcia, se anunció que se van a hacer test rápidos a 42.000 casos sospechosos y sus contactos en 15 días. Se han empezado a hacer en tres centros de salud. En Andalucía, según datos de SAS, se van a hacer 130.000 test rápidos en ámbito sanitario y residencias. Se están haciendo desde el 13 de abril. Pero no tenemos más datos, lo que sí sabemos es que hay problemas a la hora de hacer los test a las personas en aislamiento, ya que están tardando más días en hacerlos».

En Extremadura y en Castilla-La Mancha, desde CC OO denuncian que no se les ha facilitado información sobre los test hechos. En la Comunidad Valenciana, según el citado sindicato, «en teoría se hace al personal sanitario que ha tenido contacto estrecho con positivo o sospecha de positivo pero la realidad es que se están haciendo muy pocos. Por eso tenemos a tantos trabajadores en aislamiento preventivo. Desde hace una semana están haciendo algún test más, pero no todos los que se necesitan. De modo que algunos departamentos han empezado a hacer test rápidos, pero en la mayoría aún no. Y en residencias tampoco, medida imprescindible para controlar la epidemia en residencias porque permitiría separar a los positivos con o sin síntomas de los negativos».

En Asturias, «al personal sanitario se les está haciendo el test, aunque va lento. Hay hospitales que tienen poca presión y, de momento, no están haciendo el test a todo el personal. La situación es muy variable de un área sanitaria a otra, pero sí que se van realizando. En cuanto a residencias, en algunas ya hicieron el test a residentes y trabajadores, otras recibieron test insuficientes que no llegan ni para los residentes y otras no les hacen el test al personal».

En Castilla y León es donde sí tienen al menos un dato: «Se han hecho 6.607 test a sanitarios, fisioterapeutas, celadores..., y dieron positivo 2.040. Hay 1.428 profesionales en aislamiento 1.428 y han recibido el alta 612». En Galicia, en cambio, «se han hecho 48.337 PCR. Vinieron unos test rápidos pero se decidió no usarlos porque no eran precisos». Y en La Rioja «empezaron a hacerse la pasada semana a residentes y trabajadores de residencia».

Y no solo pasa en estos sectores, la situación se repite en prisiones. «No tenemos datos exactos de los sitios donde se están haciendo test, son muy poquitos. Por eso, por ejemplo en Ávila que es la provincia con más casos de funcionarios de prisiones donde se ha detectado contagio y eso es porque es donde se han hecho mayor volumen de test, mayoritariamente PCR. Los test rápidos los hemos pedidos desde ACAIP y desde la plataforma sindical. ¿Se están haciendo? No, como norma no. Estamos a la espera. Es, dentro de nuestras reivindicaciones, nuestra prioridad, porque eso nos va a ayudar a ver quiénes, siendo asintomáticos, hay que mandarles a casa. Es una cuestión de salud pública y de seguridad tanto para los funcionarios como para los propios internos. La Administración no nos ha valorado en ese grupo prioritario de riesgo y es necesario que entienda que instituciones penitenciarias junto a otros servicios esenciales por los que antes tienen que pasar los test rápidos», denuncian desde ACAIP-UGT.

Preguntamos a Instituciones Penitenciarias, que explican que «como depende de las CC AA no tenemos recuento. Ahora con los test la idea es llevar la contabilidad de casos, pero aún no se ha hecho porque no han llegado de forma uniforme. Solo sabemos que han llegado a Asturias, pero no cuántos ni los que se han hecho».

Y los datos hablan por sí solos: dos personas han perdido la vida, un funcionario de Alicante y una interna. Y han dado positivo 222: 198 trabajadores y 24 internos. Hay 900 empleados públicos de prisiones en cuarentena, por eso, desde Acaip-UGT, «hemos pedido una convocatoria extraordinaria de interinos para paliar ese déficit de personal que la catástrofe del Covid-19 ha causado en nuestro medio y también hemos pedido que las CC AA colaboren y se hagan cargo porque no tenemos suficientes sanitarios. Hemos escrito más de un centenar de peticiones y escritos , necesitamos epis, mascarillas no de cuatro horas de duración, guantes, gafas... que se nos doten de test rápidos para todo el personal penitenciario».

Y hay más sectores a los que no han llegado. Así, CSIF exigió ayer hacer test a todo el personal de Justicia, más de 12.000 funcionarios, que se reincorporan hoy a su puesto de trabajo. «El Consejo General del Poder Judicial contempla la presentación de escritos iniciadores de procedimiento, su registro, reparto y tramitación, ante el nuevo escenario de mayor actividad de muchas empresas. CSIF considera que Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y sin evaluar los riesgos laborales. Por este motivo, el sindicato ha presentado un recurso de reposición para el mantenimiento de las dotaciones actuales de personal, mientras no se pueda cumplir con la normativa en materia de seguridad laboral».Tampoco se están haciendo en empresas públicas, añaden.

En definitiva, todos piden saber dónde están los test rápidos. Nadie sabe qué está pasando con ellos. Un nuevo error que se suma a los famosos test rápidos defectuosos que Sanidad sigue sin decir a qué empresa española se los compró. Y no solo. El Gobierno también vulnera la ley al ocultar cientos de contratos sobre la compra de material sanitario.

 

Fuente: El Periodico Mediterraneo

El sindicato Acaip denuncia falta de limpieza y escasez de equipos de protección

Si luchar contra el coronavirus en la calle es, cuanto menos, complejo, puede serlo todavía más entre los muros de una prisión. La falta de espacio y la gran cantidad de reclusos inmunodepresivos, entre otras cuestiones, pueden plantear problemas. En el caso de las dos cárceles de Castellón (con una población reclusa de casi 1.800 personas entre Albocàsser y la capital de la Plana), ningún interno se encuentra afectado por la enfermedad, según fuentes consultadas por este diario. Sin embargo, sí han dado positivo varios funcionarios de los dos centros penitenciarios, sin que hasta ahora haya trascendido la cifra exacta de afectados.

La infección de algunos trabajadores ha provocado que parte de la plantilla que había estado en contacto con ellos esté en cuarentena por precaución.

 

Desde el sindicato mayoritario Acaip inciden en que la sobreocupación de las prisiones y la dificultad para mantener la distancia debido a las condiciones arquitectónicas de las cárceles dificultan la gestión de la crisis sanitaria internacional.

Fuentes sindicales aseguran que existe falta de limpieza en los módulos y critican las carencias de material de protección. «Desde el comienzo de la epidemia las dos prisiones han visto cómo sus gestores no dotaban a los empleados de guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico, etc. De hecho, en el centro de Albocàsser se dio una situación inaudita cuando, ante la demanda de mascarillas por parte del personal, estas se guardaron bajo llave con el pretexto de que los funcionarios se las pudiesen llevar a sus casas», señalan los trabajadores.

Asimismo, la organización sindical critica que en esa misma cárcel sean los funcionarios los que desinfectan los departamentos. En Castellón I inciden en que tampoco lo hacen los profesionales, sino una brigada de internos que diariamente se encarga de desinfectar con agua y lejía todas las áreas de la prisión.

FALTA DE HIGIENE 

A la escasez de medios, dicen, también hay que sumar la falta de medidas higiénicas, pues los dos centros «acusan un claro déficit de personal de limpieza» y «los trabajos de saneamiento no se llevan a cabo de la forma que recomiendan las autoridades sanitarias». Desde Acaip señalan que el pasado 20 de marzo acudió a la cárcel --con unos 1.100 internos-- la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar las instalaciones, pero mantienen que «solo actuó sobre tres zonas de la prisión que no representan ni el 10% de la superficie del centro penitenciario». En Castellón I la UME estuvo también este lunes y desinfectó la práctica totalidad de las instalaciones, tras cursar una petición el 26 de marzo el sindicato.

 

MÓDULOS VACÍOS PARA EL COVID-19

Aunque ninguno de los dos centros penitenciarios tiene positivos o casos sospechosos entre sus reos, cuentan con módulos vacíos por precaución, listos para albergar casos y garantizar el aislamiento, como marca el protocolo. En el caso de Albocàsser, por ejemplo, hay en estos momentos un ala con 36 celdas disponibles por si fuera preciso poner a los internos en cuarentena, aunque por el momento no ha sido necesaria su utilización.

 

Queja presentada al Director General de Ejecución Penal por el incumplimiento del procedimiento para la realización de video- llamadas.

Fuente: La Opinion de Murcia

Dos grupos rivales empezaron a discutir por a quién de ellos le tocaba usar el gimnasio.

Una treintena de internos de la cárcel de Campos del Río protagonizaban hoy una pelea cuyo origen estuvo, al parecer, en el uso del gimnasio de la prisión, indican fuentes penitenciarias.

Las mismas fuentes apuntaron que la riña tuvo lugar entre dos grupos, que comenzaron a discutir verbalmente sobre quién hacía uso de la instalación deportiva o quién debía limpiarla. En un momento dado, de las palabras pasaron las manos. Algunos de los implicados en la pelea llegaron a usar, a modo de arma, palos de escoba que hallaron ahí. Esto ocurrió en el módulo de jóvenes. Se da la circunstancia de que en otro de los módulos de la prisión hubo, a la vez, otra pelea, esta, según las primeras informaciones, por una deuda de droga.

 

Los trabajadores del penal lograron disolver ambas disputas, que se saldaron con seis internos en aislamiento. El aislamiento es un régimen en el que los presos pasan horas y horas encerrados y en soledad, con poco tiempo de patio o actividades y en celdas ubicadas en un área especial. Máximo pueden estar 72 horas. Se prodría ampliar mediante la aplicación de medidas del reglamento.

Preguntado por este asunto, el secretario de Organización Nacional de Acaip, Fran Mauri, insiste en que los funcionarios «pedimos más medios, más protección» para hacer frente a los episodios violentos que se producen entre los muros del penal, una situación agravada por la tensión existente ante el miedo que hay de contagiarse de coronavirus.

Un funcionario contagiado

Por el momento, no consta ningún contagio entre reclusos, aunque a algunos que presentaban síntomas sí se les hizo una prueba y ahora mismo hay algunos en cuarentena. Asimismo, hay un funcionario que dio positivo y actualmente se recupera en su domicilio. Otra media docenta de trabajadores se encuentran en cuarentena.

El temor a que tras los muros de la cárcel haya un contagio está latente.«Veníamos denunciando desde hace mucho tiempo la falta de personal sanitario» en los penales de la Región, indica Mauri. Acaip presentó el jueves un escrito al delegado del Gobierno en Murcia en el insta a que lleguen a las cárcel los test lo antes posible.