Pablo

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Ante esta modificación normativa que ha generado una importante cantidad de dudas, queremos aclarar lo siguiente:


1. Se trata de dar contenido al Ministerio de nueva creación y estructurar en un mismo sitio la totalidad de pensiones públicas en el Estado, tal como se estableció con la creación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


2. La propia normativa establece que el Estado transferirá a la Seguridad Social la totalidad del coste económico de estas pensiones, porque se desprende que va a seguir percibiendo los pagos mensuales que se detraen de las nóminas.


3. Únicamente cambiará el pagador y el gestor de las pensiones, que será Seguridad Social, en lugar de Costes de Personal.


4. No existe, a día de hoy, ninguna modificación del régimen de pensiones: características, plazos, cuantías, requisitos … Sólo cambia la manera y el órgano en que se gestionan. Para modificar todos estos aspectos, hay que modificar la normativa específica, circunstancia que este Real Decreto-Ley no realiza.

Fuente: Cinco días

El Ministerio de Hacienda deberá transferir a Escrivá los 15.500 millones para el pago anual de la nómina anual de este colectivo 

El Gobierno aprovechó el Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis aprobado este martes para algo que, en teoría, no tiene que ver con el Covid-19. En concreto, para iniciar el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares (Régimen de Clases Pasivas) desde el Ministerio de Hacienda –donde han estado siempre hasta ahora– al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Varias disposiciones adicionales de este decreto inician este traspaso que se ejecutará definitivamente cuando se apruebe otro Real Decreto de estructura del Ministerio que dirige José Luis Escrivá. Pero, de momento, se aprueba que dicha gestión de pensiones y otras prestaciones del personal del Estado pasarán a depender, primero de manera transitoria de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y, después, definitivamente del Instituto Nacional de Seguridad social (INSS).

 

Pero ¿quienes forman parte de este Régimen de Clases Pasivas? ¿Cómo cotizan estos funcionarios? ¿Cómo se jubilan? Actualmente, hay 637.213 funcionarios en Clases Pasivas, la mayoría de ellos de la Administración General del Estado, las Cortes y otras instituciones constitucionales, los militares de carrera y fuerzas de seguridad del estado o la mayoría de los docentes y otros funcionarios transferidos a las comunidades.

No obstante, se trata de un Régimen a extinguir ya que desde el 1 de enero de 2011 no entran nuevos trabajadores. Aún así, todavía existe el colectivo antes citado de pensionistas y cerca de 700.000 cotizantes cuyas cotizaciones, al igual que estas pensiones, las paga el Estado (que es el empleador) con impuestos. El presupuesto actual para el pago de estas pensiones ronda los 15.500 millones de euros anuales, que, cuando se haga efectivo este traspaso, deberá transferir Hacienda a la Seguridad Social incluidos los gastos de gestión.

 

El sistema de cotización y jubilación de este colectivo es sustancialmente distinto al del resto de asalariados. Así, en lugar de pagar cotizaciones, el Estado hace su aportación en función de un “haber regulador” que es el equivalente a la base reguladora pero que fija cada año la Ley de Presupuestos para cinco grupos (A1, titulados superiores; A2, titulados medios, C1 administrativos; C2 auxiliares administrativos y E, resto). En este caso, el empleador (el Estado) aporta el 18,3% frente al 23,6% del empresario del Régimen General de la Seguridad Social, y el trabajador (funcionario) pone el 3,86% en lugar del 4,7% de los asalariados del Régimen General.

La pensión también se calcula aplicando un porcentaje al citado “haber regulador” que le corresponda por categorías al funcionario y dicho porcentaje varía en función de los años de servicio y, en este caso se cuantifica con toda la vida laboral. Los funcionarios de Clases Pasivas se pueden jubilar a los 60 años si tienen 30 años de servicio, si bien se les aplica un coeficiente reductor en la cuantía de la pensión, pero no por edad, sino por cada año de servicio previo a los 35 años. Así, si tienen trabajados 35 años al cumplir 60 años no se les aminora la pensión.

 

El secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO, Raúl Olmos, declaró ayer que este sindicato “espera que el cambio de Hacienda a la Seguridad Social no deteriore la calidad de la gestión de las pensiones de los funcionarios”. Mientras que desde el sindicato de funcionarios CSIF, se quejaron ayer de no haber sido consultados y desconfiaban del uso de un Real Decreto del Covid-19 para iniciar este traspaso.

Por otra parte, en la citada norma, la Seguridad Social también decretó que el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social que soliciten empresas y autónomos será “incompatible” con la moratoria de cotizaciones para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el tejido empresarial.

La Seguridad Social aún no ha publicado la orden ministerial de los sectores que podrán acogerse a la moratoria, el resto deberá optar por los aplazamientos a un tipo de interés del 0,5%, más bajo que el habitual.


Fuente: La Tribuna de Albacete

Acaip-UGT dice que el albacetense es el centro penitenciario con peor situación y denuncia que faltan pruebas para conocer el alcance real de los contagios

La situación se complica en el centro penitenciario de La Torrecica. Es lo que denuncian los sindicatos Acaip-UGT, Comisiones Obreras y CSI-F en un escrito presentado ayer y remitido a diferentes entidades públicas donde advierten de que las medidas de protección no son las necesarias y mientras avanzan los casos de contagio conocidos hay trabajadores que no saben si son positivos, en contacto con los internos. “Los datos que se nos dan es que hay 15 funcionarios confirmados como contagiados, eso en una plantilla muy reducida”, explicaba Eva Moreno, de Acaip-UGT, aunque es posible que esa cifra se quede corta, aseguran. No tienen información oficial de que haya presos contagiados, “pero es sorprendente que no haya ninguno”. Faltan, denuncian, las pruebas que permitan medir el alcance real de los contagios en la cárcel, un centro “con una plantilla muy reducida” donde aseguran que se están tomando riesgos muy serios. “Existe un módulo de internos con casos sospechosos, pero entramos ahí sin EPI, solo con mascarillas, esto es muy grave, porque ya se han conocido casos en otras prisiones de muertes de funcionarios”, decía Moreno. En prisiones más grandes es más fácil evitar el contacto con los reclusos, pero no en Albacete aseguraba, “somos una cárcel pequeña, obsoleta y masificada”.

Os adjunto Resolución del Presidente de la Entidad Pública TPFE, por la que se reanuda parcialmente la actividad  en  determinados talleres de los Centros Penitenciarios Araba, Bilbao Castellón 1 y 2, Daroca, Huelva, El Dueso, Murcia 1 y 2, Soria y Zaragoza.Todos los talleres afectados son de Manipulados y se reanudan con una tercera parte de los internos trabajadores.

Desde ACAIP-UGT queremos dar nuestro mas profundo pésame a familiares y amigos de nuestro compañero Lucas, coordinador de servicio en el Centro Penitenciario de Soria, fallecido por COVID19

 

DEP Compañero

"Siguiendo instrucciones del Subdirector General, os informamos que, como ya os habíamos adelantado en las reuniones que hemos mantenido, la Administración Penitenciaria ha emprendido varias actuaciones para que, en los casos en los que resulte necesario, al personal penitenciario se le realicen las pruebas de detección de la infección COVID-19 con la máxima celeridad posible. Una de esas actuaciones ha sido la gestión realizada con MUFACE con el objetivo de elaborar un protocolo frente a los casos de infección por Coronavirus (SARS-CoV-2) para el personal al servicio de la Administración Penitenciaria.

El protocolo parte de la base de que en la actual situación es conveniente la agilización de la realización de los test para la detección del Coronavirus en este colectivo, con el doble objetivo de retirar del servicio a las personas contagiadas y así evitar la propagación del virus, además de descartar con agilidad aquéllas situaciones derivadas de la aparición de ciertos síntomas que finalmente no deriven de ser positivos al virus. Os adjuntamos el protocolo para vuestro conocimiento.A los efectos previstos en el apartado 2 del Protocolo (“Procedimiento de atención de las Entidades para el personal funcionario al servicio de la Administración Penitenciaria”), serán los Servicios de Prevención de Zona los encargados de canalizar a su Jefatura de Área de Coordinación y ella, a su vez, a las Entidades colaboradoras de MUFACE (Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio), la información necesaria sobre los/las mutualistas adscritos a esta entidad respecto de los/as cuales se deben hacer test y seguimiento de resultados.

 Será la compañía la que se pondrá en contacto con el/la mutualista en los teléfonos previamente aportados por el/la mismo/a."

 

Para el caso de los compañeros adscritos a Sistema Nacional de Salud, así como para los test rápidos, hoy se va a presentar un escrito desde ACAIP-UGT a los Consejer@s de Sanidad de las Comunidades Autónomas