Pablo

Pablo

Fuente: El Cierre digital

El JEMAD hizo público ayer el anuncio en rueda de prensa, pero el sindicato ACAIP se queja de la no explicación de los motivos sanitarios para hacerlo

Funcionarios de prisiones, familias y población reclusa han expresado su preocupación por el anuncio de instalación de un hospital de campaña en la prisión valenciana de Picassent, según el anuncio que realizó el martes el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Villarroya. El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip se queja de la falta de información sobre la afectación real de la pandemia del COVID-19 entre la población reclusa.

El anuncio de la instalación de un hospital de campaña en el Centro Penitenciario de Picassent, Valencia, para atender a infectados por coronavirus ha generado "una gran intranquilidada entre los trabajadores de Instituciones Penitenciarias del centro, sus familias y entre la población reclusa, así como también en el ámbito local", según han explicado desde el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip-Ugt.

 
 El anuncio lo realizó el 14 de abril el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Ángel Villarroya, durante la comparecencia diaria en rueda de prensa. Desde Acaip explican que "se ha disparado la rumorología y la demanda de información sobrel el porqué de dicha instalación, y si los datos facilitados sobre el alcance de los contagios en dicho centro penitenciario son ciertos, o se puede estar ocultando la realidad" y añaden que este anuncio "no se corresponde con el deber de responsabilidad que deben tener los responsables públicos sobre todo en situaciones tan extremas como las actuales".

Según algunas informaciones la petición para instalar este hospital de campaña llegó al Ministerio de Defensa a través de la Delegación de Gobierno en la comunidad valenciana. Acaip se queja de que hay actuaciones pendientes por parte de Delegación que no se realizan como "que no se realizan las gestiones necesarias para que se realicen los test de coronavirus a todos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias de Valencia". Asimismo, se quejan de que "no se están proporcionando mascarillas suficientes a los centros penitenciarios de la Comunidad de Valencia, lo que supone que los trabajadores deban usasr mascarillas quirúrgicas desechables durante turnos de 40 horas".

Por todo ello el sindicato Acaip-Ugt pide información: "Los motivos por los que se anunció la posibilidad de instalar un hospital de campaña en Picassent. Saber qué organismo tuvo la idea de esa posible instalación y las conclusiones de la visita realizada al Centro Penitenciario de Picassent de la comisión militar desplazada al mismo para realizar un reconocimiento de las instalaciones".

Fuente: La Razón

Pese a los anuncios del Ejecutivo Sindicatos de varias CC AA denuncian la carencia en sectores esenciales.

«¿Dónde están los test? Eso nos gustaría saber», afirma Javier Díaz Toril, responsable de CC OO de la Comunidad de Madrid. «No sabemos qué está pasando con ellos; ni el número de test ni dónde están el resto de medios. Es un desastre», añade. El Ministerio de Sanidad informó el 11 de abril que el Gobierno estaba distribuyendo 979.200 test rápidos de detección de anticuerpos entre las CC AA. Una partida que se sumaba al más de un millón que ya distribuyó hace unos días. Y que se entregará el resto, cinco millones de unidades adquiridas, en los próximos días. Sin embargo, en los sectores más críticos, como son sanitarios, residencias de personas mayores y prisiones, no están llegando a la velocidad que debería. «En las residencias públicas sabemos que está priorizando hacer test a trabajadores con sintomatología que están de baja y a las usuarios de residencias. Pero a los empleados en activo no, porque nos aseguran que no hay test aún para hacérselos. ¿Por qué no hay? Llegan aviones con ese material y no sabemos dónde están. La Administración nos dice que no les han suministrado test para todos. Y no tenemos el dato de a cuántos usuarios o trabajadores les han hecho test», incide.

Desde el CSIF, Elena Moral, indica que en Madrid «se está priorizando que la gente vuelva al trabajo. Así, se están agilizando los test para los trabajadores en residencias que están en casa de baja no a los que están en activo porque se necesita plantilla, con excepciones. El lunes parece ser que a los trabajadores de la residencia Francisco de Vitoria sí se les empezó a hacer. En el Carmen, todavía no, solo se les ha convocado a que vayan a hacerse la prueba. Entre la plantilla de residencias de mayores y de centros de personas con discapacidad hay unos 5.000 trabajadores, y según la administración han dado positivo 188 y están en aislamiento 1.437. Pero no nos dicen a cuántos empleados han hecho el test y es clave conocer ese dato».

En el caso de las residencias privadas y concertadas de Madrid, Marisol Castro, de CC OO, asegura que «no estamos recibiendo test para los profesionales ni el aviso para hacerlo. Solo ha llegado un puñado de pruebas que ni siquiera cubren a todos los residentes». «No sabemos cuántos se han hecho. Si en una residencia hay 100 residentes, llegan 40. Hay muy pocos test. Está habiendo que elegir a qué residentes se les hace. A los trabajadores en general no se les ha hecho. Muchos trabajadores volvieron a trabajar a la residencia sin haber sido diagnosticados, volvieron solo tras pasar la cuarentena en casa. Algunas entidades privadas han pagado ellos la prueba y en otras han dicho a las trabajadores que abonen ellos los 40 euros para la prueba que ya se lo devolverán».

 
 
 

El sindicato ha reclamado información a las direcciones de las residencias, pero los responsables de las empresas privadas que gestionan los centros han asegurado que tampoco han recibido indicación de la Administración. A estos lugares han comenzado a llegar algunos test, pero una «ínfima cantidad». Los responsables del sindicato consideran que «se siguen haciendo las cosas mal» y que «así no van a pararse los contagios». Juani Peñafiel, responsable de Dependencia de CC OO Sanidad Madrid, asegura que si solo se hacen los test a los residentes que «a ojo» se entiende que están contagiados «el Covid-19 puede estar ahí y se está extendiendo tal y como ha ocurrido desde que la pandemia entró en las residencias». «Hemos preguntado que cuándo se van a hacer test rápidos a lo que la Dirección General de Salud Pública ha respondido que se pretenden hacer a todos los profesionales de la sanidad, cuando se vaya disponiendo de ellos», añaden.

Y no solo pasa en Madrid. En Cataluña, según CC OO, «nos han dicho que harán test. Pero ahora no se están haciendo test masivos. Solo si tienes síntomas. Y la mayoría se reincorpora al trabajo tanto sanitarios como sociosanitarios sin que les hagan un nuevo test, salvo los que tienen algún síntoma a pesar de los días».

En País Vasco, según CC OO Euskadi, «no se están haciendo test masivos a las plantillas, solo a quien presente síntomas y no a todos». En Murcia, se anunció que se van a hacer test rápidos a 42.000 casos sospechosos y sus contactos en 15 días. Se han empezado a hacer en tres centros de salud. En Andalucía, según datos de SAS, se van a hacer 130.000 test rápidos en ámbito sanitario y residencias. Se están haciendo desde el 13 de abril. Pero no tenemos más datos, lo que sí sabemos es que hay problemas a la hora de hacer los test a las personas en aislamiento, ya que están tardando más días en hacerlos».

En Extremadura y en Castilla-La Mancha, desde CC OO denuncian que no se les ha facilitado información sobre los test hechos. En la Comunidad Valenciana, según el citado sindicato, «en teoría se hace al personal sanitario que ha tenido contacto estrecho con positivo o sospecha de positivo pero la realidad es que se están haciendo muy pocos. Por eso tenemos a tantos trabajadores en aislamiento preventivo. Desde hace una semana están haciendo algún test más, pero no todos los que se necesitan. De modo que algunos departamentos han empezado a hacer test rápidos, pero en la mayoría aún no. Y en residencias tampoco, medida imprescindible para controlar la epidemia en residencias porque permitiría separar a los positivos con o sin síntomas de los negativos».

En Asturias, «al personal sanitario se les está haciendo el test, aunque va lento. Hay hospitales que tienen poca presión y, de momento, no están haciendo el test a todo el personal. La situación es muy variable de un área sanitaria a otra, pero sí que se van realizando. En cuanto a residencias, en algunas ya hicieron el test a residentes y trabajadores, otras recibieron test insuficientes que no llegan ni para los residentes y otras no les hacen el test al personal».

En Castilla y León es donde sí tienen al menos un dato: «Se han hecho 6.607 test a sanitarios, fisioterapeutas, celadores..., y dieron positivo 2.040. Hay 1.428 profesionales en aislamiento 1.428 y han recibido el alta 612». En Galicia, en cambio, «se han hecho 48.337 PCR. Vinieron unos test rápidos pero se decidió no usarlos porque no eran precisos». Y en La Rioja «empezaron a hacerse la pasada semana a residentes y trabajadores de residencia».

Y no solo pasa en estos sectores, la situación se repite en prisiones. «No tenemos datos exactos de los sitios donde se están haciendo test, son muy poquitos. Por eso, por ejemplo en Ávila que es la provincia con más casos de funcionarios de prisiones donde se ha detectado contagio y eso es porque es donde se han hecho mayor volumen de test, mayoritariamente PCR. Los test rápidos los hemos pedidos desde ACAIP y desde la plataforma sindical. ¿Se están haciendo? No, como norma no. Estamos a la espera. Es, dentro de nuestras reivindicaciones, nuestra prioridad, porque eso nos va a ayudar a ver quiénes, siendo asintomáticos, hay que mandarles a casa. Es una cuestión de salud pública y de seguridad tanto para los funcionarios como para los propios internos. La Administración no nos ha valorado en ese grupo prioritario de riesgo y es necesario que entienda que instituciones penitenciarias junto a otros servicios esenciales por los que antes tienen que pasar los test rápidos», denuncian desde ACAIP-UGT.

Preguntamos a Instituciones Penitenciarias, que explican que «como depende de las CC AA no tenemos recuento. Ahora con los test la idea es llevar la contabilidad de casos, pero aún no se ha hecho porque no han llegado de forma uniforme. Solo sabemos que han llegado a Asturias, pero no cuántos ni los que se han hecho».

Y los datos hablan por sí solos: dos personas han perdido la vida, un funcionario de Alicante y una interna. Y han dado positivo 222: 198 trabajadores y 24 internos. Hay 900 empleados públicos de prisiones en cuarentena, por eso, desde Acaip-UGT, «hemos pedido una convocatoria extraordinaria de interinos para paliar ese déficit de personal que la catástrofe del Covid-19 ha causado en nuestro medio y también hemos pedido que las CC AA colaboren y se hagan cargo porque no tenemos suficientes sanitarios. Hemos escrito más de un centenar de peticiones y escritos , necesitamos epis, mascarillas no de cuatro horas de duración, guantes, gafas... que se nos doten de test rápidos para todo el personal penitenciario».

Y hay más sectores a los que no han llegado. Así, CSIF exigió ayer hacer test a todo el personal de Justicia, más de 12.000 funcionarios, que se reincorporan hoy a su puesto de trabajo. «El Consejo General del Poder Judicial contempla la presentación de escritos iniciadores de procedimiento, su registro, reparto y tramitación, ante el nuevo escenario de mayor actividad de muchas empresas. CSIF considera que Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y sin evaluar los riesgos laborales. Por este motivo, el sindicato ha presentado un recurso de reposición para el mantenimiento de las dotaciones actuales de personal, mientras no se pueda cumplir con la normativa en materia de seguridad laboral».Tampoco se están haciendo en empresas públicas, añaden.

En definitiva, todos piden saber dónde están los test rápidos. Nadie sabe qué está pasando con ellos. Un nuevo error que se suma a los famosos test rápidos defectuosos que Sanidad sigue sin decir a qué empresa española se los compró. Y no solo. El Gobierno también vulnera la ley al ocultar cientos de contratos sobre la compra de material sanitario.

 

Fuente: El Periodico Mediterraneo

El sindicato Acaip denuncia falta de limpieza y escasez de equipos de protección

Si luchar contra el coronavirus en la calle es, cuanto menos, complejo, puede serlo todavía más entre los muros de una prisión. La falta de espacio y la gran cantidad de reclusos inmunodepresivos, entre otras cuestiones, pueden plantear problemas. En el caso de las dos cárceles de Castellón (con una población reclusa de casi 1.800 personas entre Albocàsser y la capital de la Plana), ningún interno se encuentra afectado por la enfermedad, según fuentes consultadas por este diario. Sin embargo, sí han dado positivo varios funcionarios de los dos centros penitenciarios, sin que hasta ahora haya trascendido la cifra exacta de afectados.

La infección de algunos trabajadores ha provocado que parte de la plantilla que había estado en contacto con ellos esté en cuarentena por precaución.

 

Desde el sindicato mayoritario Acaip inciden en que la sobreocupación de las prisiones y la dificultad para mantener la distancia debido a las condiciones arquitectónicas de las cárceles dificultan la gestión de la crisis sanitaria internacional.

Fuentes sindicales aseguran que existe falta de limpieza en los módulos y critican las carencias de material de protección. «Desde el comienzo de la epidemia las dos prisiones han visto cómo sus gestores no dotaban a los empleados de guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico, etc. De hecho, en el centro de Albocàsser se dio una situación inaudita cuando, ante la demanda de mascarillas por parte del personal, estas se guardaron bajo llave con el pretexto de que los funcionarios se las pudiesen llevar a sus casas», señalan los trabajadores.

Asimismo, la organización sindical critica que en esa misma cárcel sean los funcionarios los que desinfectan los departamentos. En Castellón I inciden en que tampoco lo hacen los profesionales, sino una brigada de internos que diariamente se encarga de desinfectar con agua y lejía todas las áreas de la prisión.

FALTA DE HIGIENE 

A la escasez de medios, dicen, también hay que sumar la falta de medidas higiénicas, pues los dos centros «acusan un claro déficit de personal de limpieza» y «los trabajos de saneamiento no se llevan a cabo de la forma que recomiendan las autoridades sanitarias». Desde Acaip señalan que el pasado 20 de marzo acudió a la cárcel --con unos 1.100 internos-- la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar las instalaciones, pero mantienen que «solo actuó sobre tres zonas de la prisión que no representan ni el 10% de la superficie del centro penitenciario». En Castellón I la UME estuvo también este lunes y desinfectó la práctica totalidad de las instalaciones, tras cursar una petición el 26 de marzo el sindicato.

 

MÓDULOS VACÍOS PARA EL COVID-19

Aunque ninguno de los dos centros penitenciarios tiene positivos o casos sospechosos entre sus reos, cuentan con módulos vacíos por precaución, listos para albergar casos y garantizar el aislamiento, como marca el protocolo. En el caso de Albocàsser, por ejemplo, hay en estos momentos un ala con 36 celdas disponibles por si fuera preciso poner a los internos en cuarentena, aunque por el momento no ha sido necesaria su utilización.

 

Queja presentada al Director General de Ejecución Penal por el incumplimiento del procedimiento para la realización de video- llamadas.

Fuente: La Opinion de Murcia

Dos grupos rivales empezaron a discutir por a quién de ellos le tocaba usar el gimnasio.

Una treintena de internos de la cárcel de Campos del Río protagonizaban hoy una pelea cuyo origen estuvo, al parecer, en el uso del gimnasio de la prisión, indican fuentes penitenciarias.

Las mismas fuentes apuntaron que la riña tuvo lugar entre dos grupos, que comenzaron a discutir verbalmente sobre quién hacía uso de la instalación deportiva o quién debía limpiarla. En un momento dado, de las palabras pasaron las manos. Algunos de los implicados en la pelea llegaron a usar, a modo de arma, palos de escoba que hallaron ahí. Esto ocurrió en el módulo de jóvenes. Se da la circunstancia de que en otro de los módulos de la prisión hubo, a la vez, otra pelea, esta, según las primeras informaciones, por una deuda de droga.

 

Los trabajadores del penal lograron disolver ambas disputas, que se saldaron con seis internos en aislamiento. El aislamiento es un régimen en el que los presos pasan horas y horas encerrados y en soledad, con poco tiempo de patio o actividades y en celdas ubicadas en un área especial. Máximo pueden estar 72 horas. Se prodría ampliar mediante la aplicación de medidas del reglamento.

Preguntado por este asunto, el secretario de Organización Nacional de Acaip, Fran Mauri, insiste en que los funcionarios «pedimos más medios, más protección» para hacer frente a los episodios violentos que se producen entre los muros del penal, una situación agravada por la tensión existente ante el miedo que hay de contagiarse de coronavirus.

Un funcionario contagiado

Por el momento, no consta ningún contagio entre reclusos, aunque a algunos que presentaban síntomas sí se les hizo una prueba y ahora mismo hay algunos en cuarentena. Asimismo, hay un funcionario que dio positivo y actualmente se recupera en su domicilio. Otra media docenta de trabajadores se encuentran en cuarentena.

El temor a que tras los muros de la cárcel haya un contagio está latente.«Veníamos denunciando desde hace mucho tiempo la falta de personal sanitario» en los penales de la Región, indica Mauri. Acaip presentó el jueves un escrito al delegado del Gobierno en Murcia en el insta a que lleguen a las cárcel los test lo antes posible.

 

ACAIP-UGT SOLICITA A LAS SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO LA REALIZACIÓN DE TEST DE DETECCIÓN DE CORONAVIRUS A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PENITENCIARIOS

 

Al Subdelegado del Gobierno en la provincia de XXX


Asunto: Petición de medidas de protecición y prevención de l@s trabajador@s de prisiones frente al Coronavirus.


Don José Ramón López, en cal idad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el Sector y afiliado a la Unión General de Trabajiadores (UGT), con dirección electrónica Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., por la presente, ante uisted comparece y, como mejor proceda, DICE


Que viene a presentar ESCRITO DE PETICIÓN en materia concreta que atañe a su competencia, y que viene a atender a necesidades de los trabajadores de prisiones en el actual Estado de Alarma y articular mecanismos de protección que estos empleados precisan dada la cobertura
del servicio esencial que se presta en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social: REALIZACIÓN DE TEST DIAGNÓSTICOS A LOS TRABAJADORES DE PRISIONES Esta organización ya contactó con todas las Delegaciones de Gobierno de las diferentes CCAA al comienzo de esta crisis sanitaria, el pasado 23 de marzo del año en curso, con ocasión del mismo asunto que a este escrito ocupa, y que 1reitera a través de este otro escrito.


Esta organización ha tenido conocimiento de la llegada de un número sustancial de test a las diferentes CCAA, y es el momento de determiinar la prioridad en su utilización. La llegada de los mismos va a suponer un alivio social y sanitario importante. Ese órgano de personal, en la prelación que se establezca para la utilización de los test, tiene que tener en consideración el servicio esencial que cubren los empleados die prisiones, que necesariamente ha de verse protegido, en su salud, y por ende, en la salud! pública que implica el ejercicio de su trabajo.
Hay que tener en cuenta la especial exposición a la que se encuentra sometido este colectivo, la exponencialidad del contagio de esta enfermedad, y la dimensión pública que llega a alcanzar.


La necesidad de realizar los test a los trabajadores de prisiones aparece detallada en distintos documentos técnicos publicados por el Ministerio de Sanidad (https:Uwww.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento COVID 19 .. pdf entre otros)

 

Por cuanto antecede, SOLICITO,


Se tenga por presentado este escrito, y eni su virtud, se articulen los mecanismos de comunicación precisos entre ese órganos de pe?rsonal, las autoridades/instituciones sanitarias competentes (Consejería de la Comunidad Autónoma, Ministerio de Sanidad, etc ... ), junto con las Direcciones de los Centros de su provincia, a efectos de llevar a la prácticas los test de detección de Coronovirus a todos los trabajadores de prisiones y tomar las medidas necesarias en el interior de los Centros y en la ,esfera familiar de los posibles afectados.

Fuente: El Pais

Cerca de 24.000 trabajadores penitenciarios se encargan de custodiar en las prisiones a más de 50.800 reclusos.

Mar es funcionaria de prisiones desde hace 21 años. Vigila los módulos y los patios de la cárcel de Ocaña I, un pequeño presidio en la provincia de Toledo en el que están recluidos cerca de 450 internos. Su trabajo ha sido catalogado por el Gobierno como esencial, aunque es invisible para gran parte de la sociedad. Desde que se decretó el estado de alarma, dos cosas llaman la atención de Mar al llegar a su puesto de trabajo: un olor a lejía más intenso de lo que era habitual y la mayor distancia que todos, presos y funcionarios, mantienen entre sí. “Lo primero que hacemos es desinfectar todo con lo que vamos a tener contacto: cerrojos, teléfonos, las llaves…”, señala. Esta funcionaria asegura que los presos han estado “inquietos” —el jueves se produjo un conato de plante en esta cárcel—, sobre todo durante los primeros días del aislamiento, justo después de prohibirse a mediados de marzo visitas de familiares y permisos de salida. “Estamos haciendo una importante labor didáctica con ellos”, señala.

Ella es una de los cerca de 24.000 trabajadores penitenciarios que se encargan de custodiar a 50.800 reclusos en las cárceles dependientes de Interior. Hasta el pasado miércoles, se habían registrado 185 positivos por coronavirus entre los funcionarios y 21 más entre los reclusos. Una interna de la prisión de Estremera (Madrid) y un funcionario de la de Fontcalent (Alicante) han fallecido. Además, alrededor de 810 trabajadores penitenciarios y 390 reclusos están bajo observación médica o cuarentena, según datos oficiales. La mayor incidencia de la enfermedad entre los funcionarios que entre la población reclusa se traslada a las conversaciones entre ambos colectivos. “Muchos presos nos piden que nos cuidemos; saben que el virus lo podemos traer de fuera. Es curioso. Antes éramos nosotros los que temíamos que ellos nos transmitieran enfermedades”. Quien habla así es Juanjo, un trabajador penitenciario con 22 años de servicio ahora en la prisión de Alcalá-Meco, en Madrid. Su principal queja estos días ha sido la tardanza de Instituciones Penitenciarias en dotarles de mascarillas. También reclama que, como servicio esencial que son, se les hagan los test para detectar los contagios. “Los presos están tranquilos y no hay más conflictos que antes de la crisis, pero si esto se extiende en el tiempo y hay más contagios, no sé qué puede pasar”, señala.

Marcos está destinado en la prisión de A Lama (Pontevedra). Vigila el módulo de aislamiento, donde están los presos más conflictivos. Allí sí se ha notado “algo” un aumento de la tensión por el coronavirus. “Algunos internos lo utilizan como baza para presionarte. Te echan en cara que ya no pueden comunicarse con sus familias. Son presos que no están acostumbrados a la frustración y muchos no quieren ver lo que está pasando en España con la enfermedad”, señala. Marcos también ha tenido que cambiar sus rutinas por el virus. “Nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar a más distancia con los otros compañeros, lo que a veces no es fácil, cuando no imposible”. Su vida privada también se ha visto afectada. “No veo a mis padres desde el 4 de marzo”, se lamenta.

Daroca (Zaragoza) es una cárcel pequeña, con algo más de 400 reclusos. Allí trabaja Daniel, funcionario de prisiones desde hace 15 años. “Al ser un centro pequeño ha sido más fácil organizarse ante el coronavirus”, asegura. Charlas a los presos para que extremen la limpieza de sus celdas y de los espacios comunes, y crear grupos de trabajo estancos para que si se detecta un infectado sea fácil limitar el contagio han sido algunas de las medidas que se han tomado en esta cárcel. “Hemos ido por delante de las decisiones de Interior”, destaca.

 

Daniel insiste en que su trabajo es tan invisible como imprescindible: “Muchos creen que lo podrían hacer los policías o los militares, pero no es así. Además de custodiar, hacemos una labor de reeducación que ellos no podrían asumir”, recalca. En ese sentido, admite que una de sus preocupaciones es ocupar el tiempo de los presos ahora que se han suspendido las comunicaciones con familiares, no hay permisos ni actividades educativas ni funcionan los talleres. “Por mucho que la gente lo olvide, la reinserción es la función última de las cárceles. Lo dice la Constitución”, explica.

Fuente: La Vanguardia

Varios funcionarios de prisiones evitaron ayer que se extendiera un incendio que un preso conflictivo prendió en su celda de la cárcel de Picassent, en un módulo que alberga a internos peligrosos.

El sindicato Acaip-UGT ha divulgado un comunicado en el que relata los hechos y adelanta que solicitará al ministro del Interior un reconocimiento a unos trabajadores que “han ido más allá de lo que su deber les exige y merecen un reconocimiento público”. Además, el sindicato quiere “dar a conocer a la opinión pública las condiciones extremas en las que llevan a cabo su labor, muy desconocida por la mayoría de los ciudadanos”.

El incendio se produjo un módulo de la unidad de Preventivos “en el que, en ese momento, había 15 internos clasificados en primer grado, que es el que se aplica a los internos más peligrosos, en su mayoría reincidentes, que han protagonizado con anterioridad graves incidentes durante su estancia en prisión, tales como agresiones a trabajadores u otros internos, y que han demostrado su inadaptación al régimen de vida penitenciario”, cuenta el comunicado.

Los funcionarios a cargo del módulo observaron sobre las 20.30 horas de ayer que, “en uno de los pasillos de celdas, había gran cantidad de humo, que impedía completamente la visión, y que hacía muy difícil respirar”, por lo que desalojaron esa zona.

“En la celda donde se habían originado el problema pudieron comprobar que el interno había prendido fuego a unas mantas y al colchón, por lo que además del denso humo también había llamas”, añade la nota.

“Gracias a su gran profesionalidad, no dudando un momento en poner en riesgo su integridad física, consiguieron rescatar al interno que voluntariamente había causado el incendio, pese a que por el denso humo era muy difícil ver lo que estaba sucediendo. El interno presentaba síntomas de intoxicación por humo, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General, volviendo posteriormente al centro penitenciario, quedando ingresado en la Enfermería”, dice el comunicado. A consecuencia de los hechos, varios de los funcionarios presentaban picores en los ojos, nariz y garganta.

Al parecer, el interno, que en la últimas semanas ha generado otros incidentes, provocó el incendio para que le trasladaran de módulo, debido a que tenía problemas con otros presos. Ahora deberá pasar quince días aislado, como parte del protocolo de prevención de contagio del COVID 19.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado a EFE que se produjo el intento de incendio en el citado módulo y el buen hacer de los funcionarios implicados.