En la tarde de ayer jueves 9 de enero, un trabajador penitenciario sufrió rasguños y hematomas en el forcejeo con un interno al cual intentaban reducir el y otros compañeros. Todo sucede en el departamento de aislamiento cuando el interno en un estado de máxima agitación y violencia destroza por completo la celda en la cual estaba aislado.

El interno es capaz de arrancar un trozo de metal de la ventana de mas de un metro de largo, el cual utiliza para destrozar la celda y después amenazar a los funcionarios del departamento. Ante la gravedad de la situación y para preservar la integridad física del interno, los funcionarios proceden a reducir al interno provistos de los medios necesarios en este tipo de situaciones y en el forcejeo con el interno que se resistía a ser reducido es cuando se produce las lesiones al uncionario, las cuales no revisten especialgravedad. Añadir que este interno había protagonizado varios incidentes ese día y el día anterior.

Fuente: El Cierre Digital

El escándalo salpica al ministerio de Defensa y de Interior. Ambos organismos ultiman un plan para ceder la vigilancia de las prisiones en manos de soldados jubilados, exmilitares que a los 45 años tienen que cesar obligatoriamente su actividad. SIn embargo, ocultan que la vigilancia de las instalaciones militares, cuarteles, bases aéreas y navales las ceden ya a empresas privadas. Hasta 228 millones de euros han gastado en esta actividad en los últimos cinco años.

El escándalo salpica al ministerio de Defensa y de Interior. Ambos organismos ultiman un plan para ceder la vigilancia de las prisiones en manos de soldados jubilados, exmilitares que a los 45 años tienen que cesar obligatoriamente su actividad. SIn embargo, ocultan que la vigilancia de las instalaciones militares, cuarteles, bases aéreas y navales las ceden ya a empresas privadas. Hasta 228 millones de euros han gastado en esta actividad en los últimos cinco años. Estas plazas ofertadas se sumarían a las que de forma ordinaria se ofertan para ampliar la nómina de empleados de las prisiones españolas.

El pasado mes de junio de 2019 ya hubo una convocatoria que permitieron crear más de ochocientos puestos de funcionarios de prisiones. Sin embargo, hace dos años la Asociación Militar Profesional #45sindespidos ya se ofreció al Ministerio del Interior, en concreto a la secretaria de Estado de Seguridad, para cubrir los puestos que fueran necesarios en Prisiones, obteniendo la callada por respuesta. Desde la misma Plataforma asegura ahora a elcierredigital.com que es  “hipócrita que Interior y Defensa lleguen a un acuerdo para esto cuando a los propios militares no se les permite encargarse de la seguridad de los propios cuarteles eligiendo para esto a empresas privadas con los que el Estado llega a sustanciosos acuerdos económicos". Efectivamente, 228.162.734,66 euros es la cantidad que se repartieron varias empresas mediante licitaciones públicas para encargarse de estos cometidos en los últimos cinco años.

Es decir, que el Ministerio de Defensa dispone de algo más de 228 millones de euros para la vigilancia del acceso a sus cuarteles que encarga a empresas privadas y ahora quiere que los militares se dediquen a vigilar prisiones, cuando no se fían de ellos para vigilar sus propios cuarteles. Por ejemplo el pasado año  la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Servicios Tecnológicos Ibercra S.L. y Garda Servicios de Seguridad, S. A. firmó un acuerdo por 461.925,6 euros para vigilar varios cuarteles. Integra Mantenimientos y Gestión de Servicios Integrados S. L. es una de las más licitaciones ha obtenido en los últimos tiempos llegando a cobrar 32.200,14 euros por servicios auxiliares en varias dependencias de la JESAT. Formando en UTE con las ya citadas Iberca y Garda ha llegado a obtener un contrato por 1.574.263,05 euros. La empresa Comanser, otro ejemplo, vigiló la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid por 22.000 euros durante la mitad de 2018.

Los encargados de vigilar el Ministerio de Defensa, por ejemplo, son Grupo Control Empresa de Seguridad, que tiene varios contratos adjudicados por toda la geografía española, entre ellos uno de 34 millones de euros por prestar servicio en varias instalaciones de Defensa. Estas empresas son solo un ejemplo de las decenas que optan anualmente a contratos del Estado para vigilar instalaciones militares. A pesar de todo la Asociación #45sindespidos cree que "siempre que haya una medida para dar trabajo a los jubilados del ejército nos parece positivo, pero habría que conocer exactamente las condiciones de acceso a esos puestos porque si hacen lo mismo que con la policía local estamos en igual condiciones que cualquier ciudadano de a pie". Por eso no se entiende que Defensa gaste dinero en contratar la seguridad de manera privada y luego quiera traspasar soldados a Instituciones Penitenciarias

Sindicatos de prisiones en contra

Con esta medida anunciada no están de acuerdo ni el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ni ACAIP. El primero recuerda que “las reglas penitenciarias europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. En el mismo sentido se pronuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que se refiere a las reglas para el tratamiento de los reclusos, que establecen que la administración del personal estará en manos civiles. No debe ser parte de una estructura militar”.

Acaip-UGT tampoco parecen estar a favor de que Interior palíe la necesidad de personal de esta forma y aseguran que "la crispación en la plantilla penitenciaria ha sido más que evidente y así se ha hecho notar en los Centros Penitenciarios y a través de las redes sociales. Los funcionarios de prisiones solicitan una reunión urgente con la Administración para formularles sus dudas: cómo serán las condiciones de estas contrataciones, a qué plazas accederían o si computarían para la tasa de reposición de efectivos, entre otras". La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) es el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones y afirman que "esta información es completamente novedosa y la Administración nunca había informado de esta posibilidad", aunque reconocen que "es cierto que existe una reserva de plazas en el Ministerio de Defensa para este tipo de personal cuando cumplen los 45 años".

A la atención del Sr. Presidente del Gobierno de España Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Asunto: Solicitud de adscripción de Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia.

Don José Ramón López, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (acaip), sindicato mayoritario en el Sector y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), ante usted comparece y, teniendo en cuenta la próxima organización de los departamentos ministeriales que tendrá que realizar al configurar el nuevo Gobierno, y la consiguiente promulgación de los Reales Decretos de Reestructuración y de Estructura Orgánica Básica de los diferentes departamentos ministeriales, que sustituyan a los actuales, en los que Usted, dentro de sus competencias creará, modificará o suprimirá los departamentos que considere, desde esta organización le queremos trasladarla siguiente petición para su consideración ante esta nueva etapa consistente en la adscripción de las Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia.

Los funcionarios de prisiones han mostrado su indignación por la propuesta y exigen reunirse con la Administración
Piden que se cubran las plazas vacantes, la creación de una escuela de estudios penitenciarios y ser reconocidos agentes de la autoridad
Soldados de Tropa y de Marina podrían trabajar en las prisiones españolas. Es una propuesta de la Administración penitenciaria que ahora estudian el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda.

Los sindicatos y las asociaciones de funcionarios de prisiones conocieron la noticia el martes, después de que la Mesa Delegada recibiera un correo firmado por Eugenio Arribas López, el Subdirector General de Recursos Humanos. Aunque la iniciativa se recoge en el artículo 19.10 de Ley 6/2018, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Literalmente lo "considera muy favorable de cara a incrementar en número de efectivos que puedan llegar a prestar servicio e iniciará las actuaciones administrativas que puedan resultar necesarias para materializarlo". Explica que "para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a dichos convenios y a las mismas categorías profesionales."

Según este escrito "el desarrollo de estos procesos deberá regirse por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estas plazas irán destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura". 

En los próximos tres años está previsto que salgan de las Fuerzas Armadas unos 21.000 militares. Van a cumplir 45 años, el límite de edad permitido. Instituciones Penitenciarias asegura que el proyecto está en estudio. Estos militares obtendrían plazas de personal fijo. Deberán encontrarse en los últimos diez años de su carrera o ser reservistas de especial disponibilidad que estén percibiendo una asignación por disponibilidad. 
Indignación entre los funcionarios de prisiones

La crispación en la plantilla penitenciaria ha sido más que evidente y así se ha hecho notar en los Centros Penitenciarios y a través de las redes sociales. Los funcionarios de prisiones solicitan una reunión urgente con la Administración para formularles sus dudas: cómo serán las condiciones de estas contrataciones, a qué plazas accederían o si computarían para la tasa de reposición de efectivos, entre otras. 

LA Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) es el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones. Afirman que esta información es completamente novedosa y que la Administración nunca había informado de esta posibilidad. Reconocen que es cierto que existe una reserva de plazas en el Ministerio de Defensa para este tipo de personal cuando cumplen los 45 años pero dicen no saber más. Según su presidente,  José Ramón López:  "estamos a la espera que la Administración nos convoque. Vamos a pedir explicaciones a este episodio de improvisación desde la Subdirección General de Personal. Hacerlo peor, es imposible. Vamos a responder con contundencia ante esta nefasta gestión de Recursos Humanos en un medio tan importante como el de Instituciones Penitenciarias."

AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

ASUNTO: SOLICITUD CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MESA DELEGADA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Con motivo de la información trasladada a las organizaciones sindicales, vía correo electrónico, por la Subdirección General de Recursos Humanos, de que se van a iniciar actuaciones junto con el Ministerio de Defensa, para facilitar el acceso a militares profesionales de tropa y marinería y a reservistas de especial disponibilidad al servicio público penitenciario. Y por la repercusión que tiene en las condiciones laborales del personal penitenciario, siendo materia objeto de negociación, las organizaciones sindicales representativas cumpliendo los requisitos que se especifican en el Reglamento de Funcionamiento interno de la Mesa delegada, SOLICITAMOS la convocatoria extraordinaria de la mesa delegada en los próximos días.

En Madrid, a 8 de enero de 2020.

Fuente: El País

Instituciones Penitenciarias anuncia a los sindicatos que con la medida pretenden incrementar la plantilla, que en la actualidad es de 23.000 trabajadores Los Ministerios de Interior y Defensa estudian ampliar el número de funcionarios de prisionescon la incorporación preferente a la plantilla de las cárceles españolas de soldados profesionales que abandonen el Ejército. El plan contempla ofertar plazas “de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad” del Ejército, según un correo electrónico remitido este martes por el subdirector general de Recursos Humanos de Prisiones, Eugenio Arribas, a los sindicatos penitenciarios al que ha tenido acceso este periódico. Fuentes oficiales del departamento confirman que el plan está en estudio, pero aseguran que está en una fase muy inicial y que aún deben perfilarlo tanto con el Ministerio de Defensa como con Hacienda. Las organizaciones sindicales de Prisiones ya han mostrado sus recelos a la medida. La carta del alto responsable de Instituciones Penitenciarias detalla que la incorporación de los militares se considera “muy favorable” para incrementar el número de efectivos en servicio en las prisiones y que la medida estaba ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que siguen en vigor tras prorrogarse.

La idea es que las plazas que se convoquen para militares profesionales no computen a efectos de tasa de reposición (las que se compongan para cubrir las bajas y jubilación de funcionarios de prisiones), sino que sirvan para incrementar la plantilla, cifrada en 23.000 trabajadores, muchos de ellos por encima de los 50 años, como vienen denunciando desde hace años los sindicatos de Instituciones Penitenciarias. “Lo consideramos muy favorable porque entendemos que se trataría de efectivos que se sumarían a la Oferta de Empleo Público habitual”, añade el alto cargo de Prisiones en la carta. La medida permitiría a Defensa dar una salida laboral a una parte de los aproximadamente 50.000 militares profesionales que tendrán que abandonar de aquí a 2036 las Fuerzas Armadas por cumplir los 45 años. En junio, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, firmó un convenio similar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el que se pretende facilitar la incorporación de este colectivo como agentes de las policías locales e, incluso, como funcionarios o personal laboral de los consistorios y diputaciones. La propuesta para Prisiones ha cogido por sorpresa a los sindicatos penitenciarios. Este miércoles, la principal organización, Acaip-UGT, ha emitido un comunicado en el que recalcaba que la propuesta era “absolutamente novedosa” y que hasta ahora nunca se había puesto sobre la mesa por parte del Ministerio del Interior.

El sindicato solicitará de manera urgente información para conocer “cuáles son las condiciones de esta posible contratación, en qué concepto, si existen cupos y cómo se estructuraría, a qué plazas accederían”, así como el contenido del convenio que se firmaría con Defensa. Fuentes de Instituciones Penitenciarias insistían este miércoles en que la idea está aún "en una fase inicial. Es verdad que existe esa posibilidad y se va a estudiar, pero aún no hemos concretado nada con Defensa", añaden.

La propuesta se conoce solo una semana después de que Interior se viera obligado a destinar a cerca de 240 guardias civiles y policíasa reforzar la seguridad exterior de las 15 cárceles existentes en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha después de que quedase desierto el concurso público para cubrir 200 plazas de vigilantes privados en las mismas. La quiebra financiera de Ombuds, la empresa de seguridad que hasta ese momento prestaba servicio en estas prisiones, y la negativa de otras compañías a concurrir el concurso por el elevado importe de las deudas que deberían asumir obligó a Interior a poner en marcha un plan de contingencia hasta que se adjudique el nuevo concurso. La medida, que se hizo efectiva a las 12 de la noche del pasado 31 de diciembre, ha provocado algunos problemas, según denunciaron sindicatos de prisiones. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil insisten en que “en ningún momento se ha producido una merma de seguridad” de los recintos penitenciarios. La medida también se produce en un enquistado conflicto laboral en Instituciones Penitenciarias desde la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha recrudecido tras la llegada al poder del PSOE y el nacimiento de un movimiento que se presenta como “asindical” bajo el nombre de Tu Abandono Me Puede Matar. Las organizaciones sindicales tradicionales reclaman una equiparación salarial similar a la que el ejecutivo del PP acordó en su día con los representantes de los policías nacionales y guardias civiles, además de una ampliación de las plantillas y la concesión a los trabajadores penitenciarios de la condición de agentes de la autoridad. Hasta ahora, las negociaciones han estado estancadas a la espera de unos nuevos presupuestos. El anuncio de la incorporación de soldados profesionales es el primer movimiento en meses.

En el.dia de hoy el presidente de Acaip José Ramon Lopez ha mantenido una reunión con la portavoz del.Partido Popular, Cayetana Alvarez para impulsar el diálogo y encontrar soluciones a los problemas laborales que sufre el colectivo. 

El Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, es un centro de referencia de generación de conocimiento y de valor público adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La sociedad actual se caracteriza por profundos cambios en los modos de relación facilitados por la revolución digital que vivimos en las últimas décadas y que, a su vez, implican nuevas expectativas y demandas por parte de la ciudadanía hacia las Administraciones públicas.
Adaptarse a esos nuevos retos no implica únicamente llevar a cabo transformaciones tecnológicas de los procedimientos, sino que requiere una profunda revisión de las organizaciones públicas, incluyendo la cultura de trabajo.

Estimad@s ompañer@s:

En el día de ayer recibimos un correo electrónico del Subdirector General de Personal de II.PP., que textualmente establecía lo siguiente:

“Buenos días a todos/as:

Sin perjuicio de que sobre el tema os vayamos ofreciendo más información según se vayan produciendo avances, queremos comunicaros que, junto con el Ministerio de Defensa, la Administración Penitenciaria, por considerarlo muy favorable de cara a incrementar en número de efectivos que en la misma puedan llegar a prestar servicio, iniciará las actuaciones administrativas que puedan resultar necesarias para materializar la posibilidad que ofrece el artículo 19.10 de Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que pasamos a transcribiros: