Fuente: El periodico de Aragon

El interno en la momento de la apertura de celdas por la tarde comenzó a increpar a los funcionarios con insultos y amenazas manifestando que no quería permanecer en la celda.

La sección sindical Acaip-Ugt en la prisión de Zuera (Zaragoza) ha denunciado una nueva agresión este sábado de un recluso, sobre el que pesaba una sanción disciplinaria de privación de paseos y actos recreativos, a un funcionario al que acabó hiriéndole en la mano derecha y que tuvo que ser trasladado al hospital.

Según explica en una nota de prensa, el interno en la momento de la apertura de celdas por la tarde comenzó a increpar a los funcionarios con insultos y amenazas manifestando que no quería permanecer en la celda.

Los funcionarios de servicio intentaron tranquilizarle explicándole que tenía que cumplir la sanción, pero el interno siguió manifestando su oposición llegando a propinar un empujón a uno de los funcionarios para acto seguido abalanzarse sobre él, relata la citada nota.

Tras estos hechos y una vez personado el Jefe de Servicios y más funcionarios el interno fue conducido al departamento de aislamiento, momento en el que con sus continuos forcejeos el interno agredió nuevamente al mismo funcionario provocándole una herida en su mano derecha.

Por todo ello, la sección sindical conmina a la Administración Penitenciaria a tomar las medidas pertinentes que pongan fin a las agresiones sufridas por los trabajadores de IIPP.

Según el sindicato, el protocolo de actuación actualmente implantado no está sirviendo para reducir las agresiones y asimismo se insta a que se den los pasos para que estos trabajadores accedan a la condición de agentes de la autoridad.

En la citada nota apuntan que el interno autor de los hechos "con toda probabilidad por sus características psiquiátricas no podrá cumplir la sanción correspondiente", algo que consideran redunda en el deterioro del ejercicio profesional de los empleados públicos penitenciarios en estas situaciones y que afirma es una "circunstancia cada día más común en las prisiones españolas".

Se informa que la nota de corte del primer examen ha sido de 99,33 puntos

El día 12 de febrero ha tenido lugar otra reunión del Concurso de Traslados. Dada la importancia de tener un documento como procedimiento regulador del concurso eficaz y eficiente, hemos reclamado el análisis punto por punto, para que sean recogidas las aportaciones que hemos enviado, en tiempo y forma, argumentando la necesidad de modificación de ciertos puntos propuestos por la Administración.
En primer lugar dejar claro dos cosas:
➢ El problema de la falta de movilidad del personal laboral del Convenio durante más de un año lo ha generado la DGFP por no querer hacer un proceso que regularizase ciertas situaciones de los trabajadores por el procedimiento del III CU. El tiempo nos ha dado la razón; se hubiera podido perfectamente, y no se habrían perdido un gran número de plazas de necesaria cobertura ocupadas por las Adscripciones Temporales.
➢ El continuo retraso en el proceso de Encuadramiento por parte de la Administración, ha servido de excusa para no abordar los trabajos para un concurso que debería estar ya preparado.

La Vanguardia:

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de II.PP (ACAIP) ha denunciado una nueva agresión por parte de un interno del Centro Penitenciario Las Palmas I, conocida como Salto del Negro, a un funcionario, siendo ya cinco los trabajadores agredidos en los últimos dos meses tanto en esta cárcel como en Las Palmas II (Juan Grande).

Así lo informado el sindicato, que añade que en este nuevo caso, los hechos tuvieron lugar sobre las 16.00 horas de este miércoles cuando interno del Módulo 4 era trasladado al Módulo de Aislamiento al haber protagonizado durante la mañana y la jornada del martes varios incidentes en el patio y en su celda.

Mientras se le conducía al módulo, el preso propinó un puñetazo al funcionario que le acompañaba y, agarrándolo del cuello, amenazó con matarlo a él y a su familia.

Además, el recluso, en ese estado de violencia y agresividad, opuso una gran resistencia a su reducción, lesionando en brazos y manos a los compañeros presentes en el módulo.

Finalmente, una vez puso ser reducido, el interno fue llevado al Módulo de Aislamiento sin cejar en ningún momento de proferir amenazas de muerte a los funcionarios.

Tras este nuevo hecho de ataque a un trabajados, ACAIP ha hecho especial hincapié en que probablemente el recluso no cumpla sanción disciplinaria al ser un interno que tiene pautado un tratamiento médico que le puede impedir cumplir la sanción por falta muy grave.

Por ello, la organización sindical ha explicado que después del tiempo reglamentario estipulado sin cumplir la sanción, le recaerá una simple amonestación, una circunstancia "común a todas las cárceles españolas debido al aumento de personas con enfermedades mentales que ingresan en prisión".

"A este clima de impunidad --continuó-- se suma la sensación de criminalización del trabajo realizado por los funcionarios de prisiones propagado entre los reclusos por los actuales responsables de la Sec. Gral de II.PP, ya que desde marzo de 2019 obliga a los directores de las prisiones a trasladar al juzgado de guardia cualquier denuncia de los presos españoles sobre lesiones aunque no haya parte médico ni informe penitenciario que confirme la denuncia sobre estos hechos".

Para ACAIP, esto motiva que los funcionarios de prisiones no utilicen los medios materiales autorizados en las alteraciones del orden por temor a ser sancionados disciplinariamente al poder lesionar mínimamente a los internos.

Asunto: Reunión del Sindicato de Prisiones ACAIP en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para tratar acerca de la situación alarmante de la sanidad penitenciaria en las cárceles andaluzas. En el día de hoy, 12 de Febrero el Sindicato de prisiones ACAIP, (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), Sindicato mayoritario entre los funcionarios de II.PP nos hemos reunido con Carlos León jefe de Gabinete de la Consejería Salud y Familias de la Junta de Andalucía en su sede en la capital andaluza, a efecto de abordar de nuevo la preocupante situación de la sanidad penitenciaria que afecta al conjunto de instituciones penitenciarias en todo el territorio español y, en particular, y con especial incidencia, a las prisiones de nuestra comunidad autónoma. Teniendo su impacto no sólo en la asistencia sanitaria que recibe la población reclusa sino también en las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios, y de forma mas pronunciada en los trabajadores sanitarios ; teniendo como principales factores de este colapso la alarmante carencia de facultativos y el no reparto diario de medicación psicotrópica entre la población reclusa.

Fuente: ABC

Quiere clarificar por ley las funciones de cada profesional dentro del sistema que incluyan, además de juristas y psicólogos como hasta ahora, criminólogos, pedagogos, sociólogos, educadores sociales y trabajadores sociales

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comenzado ya a diseñar una Ley de Cuerpos de funcionarios de prisiones que en la práctica supondrá el diseño de una nueva carrera dentro del sistema para estos profesionales y la posibilidad de aprovechar todo el capital humano de personas muy preparadas, que sin embargo, a día de hoy ejercen un trabajo que nada tiene que ver con su especialización. Prueba de ello es que más del 95 por ciento de los que aprueban las oposiciones al actual Cuerpo de Ayudantes de Prisiones tienen grado universitario.

La necesidad de una nueva ley viene dada no solo por esta particularidad, sino por el hecho de que la carrera dentro del sistema penitenciario está regulada por dos leyes preconstitucionales: la 39/70, que regula el Cuerpo Superior Técnico, el Grupo A, modificada mediante real decreto en 2011 y que afecta solo a juristas y psicólogos, y la 36/77, del citado Cuerpo de Ayudantes, que es el mayoritario.

La idea de Instituciones Penitenciarias es refundir ambas y crear una nueva Ley de Cuerpos en la que se puedan tener en cuenta las características del sistema en la actualidad. «Además de los que vigilan los módulos y los de oficina, sin duda imprescindibles, los profesionales más necesarios ahora, además por supuesto de juristas y psicólogos, son los criminólogos, los pedagogos, los sociólogos y los educadores sociales, y lo más llamativo es que tenemos a muchos de ellos dentro de la Casa, pero en otras funciones. Lo que se busca es que los nuevos que ingresen puedan hacerlo para los trabajos en los que estan preparados», explican las fuentes consultadas.

Esta primera idea nuclear de esa nueva ley supondrá, en la práctica, un rediseño de la carrera de los funcionarios penitenciarios. En la actualidad lo que sucede es que se ingresa en el Cuerpo de Ayudantes y a los dos años ya se puede opositar al Cuerpo Especial. Con la nueva situación se convocarían plazas específicas para los profesionales citados, que o bien entrarían directamente en el Grupo A por oposición, o podrían acceder a él por concurso interno si tienen la titulación requerida.

Premio a una trayectoria

Uno de los casos más llamativos es el de los educadores sociales. Aunque hay una titulación universitaria de esa especialidad, lo que sucede ahora es que esas plazas las ocupan funcionarios en la última etapa de su carrera profesional a los que de esta forma se reconoce su trabajo y experiencia, sin duda también muy valiosa. La tendencia, sin embargo, es que esas plazas pasen a ser desempeñadas por especialistas.

Con los trabajadores sociales la situación es más problemática, ya que se trata de personal laboral, cuya selección no controla la administración penitenciaria a pesar de que sus informes son especialmente útiles en el tratamiento del recluso.

El segundo de los asuntos que abordará esta ley es la de dónde situar a los trabajadores penitenciarios dentro de la Administración. Hay dos posibilidades sobre la mesa: definir un estatuto general para ellos, separándolos del resto del funcionariado -los sindicatos preferirían esta opción, al estilo de lo que sucede en la Policía y la Guardia Civil-, o bien seguir dependiendo de la Administración General del Estado con las particularidades de su trabajo reconocidas por ley. Obviamente, la decisión última no depende solo de Interior, ya que afecta a otros departamentos.

De lo que no cabe duda es que el trabajo en las prisiones tiene unas características muy particulares, especialmente en lo que atañe a temas de seguridad. Los sindicatos consideran que sus reivindicaciones se diluyen dentro de las del resto de los trabajadores públicos que están representados en la mesa de la Administración General del Estado, en la que además, por su número, este colectivo tiene poco peso específico.

El tercero de los objetivos principales sería el de reducir las nueve categorías actuales de centros penitenciarios, cada una de ellas con sus propias condiciones, hasta un máximo de tres o cuatro. Esas diferencias hacen que se produzcan agravios comparativos que siempre han generado malestar en los trabajadores, que no entienden cómo a igual trabajo el sueldo es distinto en función de dónde prestes tus servicios.

Retraso incomprensible

Finalmente, y si no se ha resuelto antes por vía parlamentaria, se abordaría de una vez la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, algo en lo que están de acuerdo todos los partidos pero que por una razón u otra no acaba de ver la luz. Además, se quiere recoger en la ley que cuando un trabajador tenga derecho a una indemnización por sentencia firme como consecuencia de haber sufrido una agresión de un preso, y éste se declare insolvente, sea la Administración la que se haga cargo de pagar esa cantidad a la víctima.

La reforma, como se ve, es muy ambiciosa, y aunque de forma oficial no se admite, demuestra que el funcionario de prisiones es el «hermano pobre» del Ministerio del Interior, lo que ha provocado un nivel de conflictividad muy alto. Desde la Secretaría General se garantiza que todo el proceso de elaboración de esa nueva ley se hará en permanente diálogo con los sindicatos de prisiones, que por su parte tendrán que demostrar si quieren la vía del acuerdo o prefieren el enfrentamiento continuo.

Por supuesto, lo que no hay aún es plazos, pero al menos existe la voluntad de que a lo largo de esta legislatura el trabajo esté ya muy avanzado.

Convocada mesa delegada de Instituciones Penitenciarias para el día 20 de febrero 2020

El próximo día 21 de Marzo, se va a impartir en la localidad zamorana de Morales del Vino, el 2º curso de Defensa Personal Profesional, para funcionarios de prisiones

. Es requisito imprescindible para la realización de dicho curso, inscribirse en el mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El curso estará impartido por nuestro compañero del C.P. de Badajoz Fco. Javier Rodriguez  8º Dan de Defensa Integral Penitenciaria y por el maestro Alberto Álvarez  6º Dan en JUI JITSU ARETE, que contaran con la colaboración del compañero del C.P. de Topas Antonio Vaquero  3º Dan de Defensa Integral Penitenciaria.