Instituciones Penitenciarias se incautó en 2019 de 2.672 teléfonos, siete al día. La cifra dobla el número de los intervenidos en 2017.
Miden poco más de seis centímetros y son fáciles de ocultar en un zapato o en las cavidades del cuerpo. Se ofertan en páginas web por poco más de 20 euros, pero dentro de la cárcel, donde están prohibidos y los presos solo pueden llamar desde cabinas y con restricciones, son muy codiciados. Son los teléfonos móviles. En 2019 Interior se incautó de 2.672 de estos dispositivos, siete al día, según datos oficiales. Esta cifra dobla el número de los intervenidos en 2017, cuando fueron 1.383.
La estadística oficial sobre el número de teléfonos móviles intervenidos dentro de prisión —recogida en una respuesta del Ministerio del Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu— detalla que la prisión en la que se intervinieron más dispositivos el año pasado fue la de Alhaurín de la Torre (Málaga), con 179. Una cifra que, sin embargo, se queda lejos de los que se localizaron en el mismo centro penitenciario en 2018, cuando fueron 227.
En 2019 también se superaron el centenar de móviles localizados en poder de reclusos en las de Algeciras (Cádiz), con 138; Valencia, con idéntico número; Valdemoro (Madrid), con 123; y Albolote (Granada), con 119. Desde el año 2000, el primero del que hay estadísticas, ya son 21.765 los móviles localizados entre rejas. La tenencia de teléfonos móviles se considera una falta grave que acarrea sanciones a los reclusos a los que se les encuentre. Estos castigos van desde la reducción de las horas de salida al patio al cambio a un módulo más duro. Además, el incidente queda reflejado en el expediente penitenciario del recluso con el consiguiente efecto en la concesión, por ejemplo, de permisos.
El cada vez mayor número de teléfonos móviles en las cárceles ya llevó en 2008 al Gobierno a tomar medidas para evitar su utilización, sobre todo tras descubrirse a algunos presos célebres, como Zakhar Kalashov, jefe de la mafia georgiana, y el narcotraficante gallego José Ramón Bravo Bugallo, Sito Miñanco, utilizando estos dispositivos desde sus celdas. Así, aquel año, Instituciones Penitenciarias comenzó a instalar inhibidores de frecuencia en el interior de buena parte de las cárceles. En 2018 la medida alcanzaba a 39 de los 69 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior —la Generalitat tiene transferidas las competencias de las cárceles catalanas—. Instituciones Penitenciarias declina ahora facilitar el número exacto de prisiones que ya cuentan con esta medida “por motivos de seguridad”.
No obstante, los inhibidores no convencen a los sindicatos de funcionarios de prisiones, que critican que se quedan desfasados según se desarrollan los nuevos sistemas de conexión telefónica. “Se instalaron para impedir llamadas de los móviles de primera, segunda y tercera generación, pero no sirven para los más nuevos”, denuncia un portavoz de ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios.
Una orden de servicio vincula los pluses de productividad con el porcentaje de terceros grados de sus centros.
En un principio los directivos de prisiones pensaron que era un error. Que el texto tenía erratas o que faltaban páginas. Pero finalmente se ha comprobado que es cierto. Fernando Grande-Marlaskapromete más dinero a los directores de las prisiones españolas que más excarcelen. Una orden de servicio remitida por el Ministerio del Interior en los últimos días a los responsables de todos los centros del país vincula directamente los pluses de los directores de los establecimientos penitenciarios con el porcentaje de los reclusos bajo su cargo que sean progresados a tercer grado, o sea a régimen de semilibertad.
La instrucción, de seis páginas y que firma el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas, ha dejado boquiabiertos a los técnicos de prisiones porque las decisiones de progresar a los internos al ansiado régimen abierto (que solo les obliga dormir en prisión de lunes a viernes) están exclusivamente en manos de los expertos de las juntas de tratamiento, no solo del director, y estos funcionarios, en teoría, solo pueden basarse en "criterios técnicos y profesionales" a la hora de dejar salir a un interno.
No se puede vincular la productividadde los directores al porcentaje de progresiones de grado, coinciden los expertos, porque el número de concesiones de regímenes abiertos no es algo que pueda mejorar el trabajo del director, sino que depende del comportamiento en prisión de los internos y de la "valoración técnica" que del mismo hagan los profesionales basándose, según recoge la ley, en un estudio de las "circunstancias personales" del preso (sociales, familiares, laborales, penales, antecedentes, tiempo de condena.) y de las "variables específicas" sobre su posible vida en semilibertad (arrepentimiento, riesgo de reincidencia, trabajo...). Todo ello, al margen de que es obligatorio que el recluso haya saldado la responsabilidad civil que se le impuso en la sentencia o que haya cumplido la mitad de su pena si ha sido condenado a más de cinco año de cárcel si así se establece en sentencia.
"Incentivar las excarcelaciones con dinero es una barbaridad. Es, en cierta forma, invitar a los directores a forzar la máquina y presionar a los funcionarios para que concedan más terceros grados para mejorar su nómina", zanjan algunos de los directores concernidos por esta orden de servicio denominada "Programa de productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros penitenciarios".
Más de 2.000 euros
A pesar de las críticas de los especialistas, el documento no deja a lugar a dudas sobre el valor económico de las excarcelaciones: más de un 60% de aumento de terceros grados da dos puntos para el "índice de calidad del servicio" del que dependerá el premio al director; entre el 40% y el 60% concede punto y medio; entre el 20 %y el 40% da un punto; y menos del 20% no da puntos.
La máxima puntuación posible que un director puede obtener es de 18. También se conceden puntos por otros criterios, como la puesta en marcha de programas de tratamiento, de formas alternativas de cumplimiento, la ausencia de suicidios o la ejecución presupuestaria. De esos factores, incluidos los hasta dos puntos por los terceros grados, dependerá que los directores puedan tener un bonus de hasta 2.162 euros anuales.
Segundo incendio en menos de diez dias provocado por un interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. El responsable del incidente del pasado día 19 de enero era ya autor de varias agresiones a funcionarios y a otros internos.
El sindicato de prisiones Acaip, (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), a través de su Sección sindical en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, ha informado de un nuevo incendio ocurrido este sábado 1 de febrero en este centro. Se trata, como en el caso anterior, de un recluso perteneciente al módulo de patologías con mayor peligrosidad.
Segundo incidente en menos de diez días
En la madrugada del domingo 19 de enero, alrededor de las 1,00 horas, se produjo otro «grave incidente regimental» al originarse un incendio provocado por un interno de dicho Centro, ha informado también Acaip.
El recluso que pertenece al módulo 2, en la galería especial de los enfermos agudos, aquellos que presentan mayor peligrosidad al padecer patologías más severas, «quemó sus pertenencias y el colchón de la celda originando un incendio en la misma que provocó, a su vez, la propagación consecuente de gases y humos tóxicos por el resto de las dependencias», señalan desde Acaip. El interno, con antecedentes de conducta muy conflictiva, es «autor de numerosas agresiones a funcionarios, así como a otros internos», y se encontraba «ubicado en una zona separada del resto de enfermos mentales, y con el menor contacto físico posible con los trabajadores del centro, remarcan.
Sólo gracias a la inmediata intervención de los funcionarios que estaban trabajando en el turno de noche se pudo poner a salvo al recluso incendiario y se logró, «a pesar de los escasos medios disponibles en cuanto a los sistemas de protección pasiva y activa contraincendios», sofocar el foco inicial del fuego, evitando que el resto de internos sufrieran graves intoxicaciones por los efectos nocivos derivados del siniestro, ha comunicado el sindicato.
El Sindicato de prisiones ACAIP, (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), Sindicato mayoritario entre los funcionarios de II.PP de la provincia de Sevilla y de todo el sector nacional, a través de su Sección sindical en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, por medio de la presente les informa que en la tarde de hoy sábado, 1 de febrero, ha tenido lugar otro grave incidente regimental al originarse de nuevo un incendio provocado por un interno de dicho Centro.
El gabinete juridico de Acaip gana una sentencia por la cual la Administración Penitenciaria deberá de indemnizar a un compañero de Huelva 5.740€ tras ser agredido por un interno y declararse este insolvente. Ademas deberá de hacer frente a las costas del proceso
En Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veinte.
El Ilmo. Sr. D. EDUARDO ANGEL PERDIGUERO BAUTISTA Magistrado-Juez del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 7, habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 94/2019 seguidos ante este Juzgado sobre ADMINISTRACION DEL ESTADO, entre partes, de una como recurrente D. ENRIQUE XXXXXXXXXXXX representada por la Procuradora Dña. MARIA ISABEL XXXXXXXXXX y asistida por el Abogado D. JOSE LUIS DIAZ XXXXXXX, y de otra MINISTERIO DEL INTERIOR representada y asistida por el ABOGADO DEL ESTADO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: En fecha 3 de septiembre de 2019 fue turnado a este Juzgado el recurso que ha dado origen a las presentes actuaciones.
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se reclamó el expediente administrativo de la Administración demandada y se señaló para la celebración de la vista, que tuvo lugar el día 22 de enero de 2020, con el resultado que obra en autos, levantándose a tal fin la correspondiente acta dándose por reproducido lo que en ella se constata.
TERCERO: En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Emplazamiento recurso contencioso realizado por Acaip sobre productividad
Resolución de 15 de enero de 2020, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 0000003/2019, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4.
Conforme a lo ordenado por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, en relación con el Procedimiento: Derechos Fundamentales de la Persona 0000003/2019, instruido en base al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), contra las Resoluciones de 29 de noviembre de 2019 del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, por las que se acuerda asignar un complemento de productividad de carácter coyuntural en un pago único en la nómina del mes de diciembre de 2019 a Personal Directivo y pre-directivo, a personal sanitario (médicos y enfermeros) y a personal funcionario de los servicios periféricos y centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se procede por medio de la presente al cumplimiento del trámite de la notificación de emplazamiento a todos aquellos funcionarios, que aparezcan interesados en el mismo, si a su derecho conviniera, disponiendo para ello de un plazo de nueve días, desde el día siguiente a la publicación oficial de la presente Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó.
Madrid, 15 de enero de 2020.–El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz González.
En el día de hoy se ha reunido el grupo de trabajo del baremo de concurso de traslados iniciándose la reunión con unos asuntos previos e importantes: movimiento de funcionarios en prácticas, personal de tropa y marinería y situación de grados consolidados tras la aplicación de los fondos adicionales en II.PP. En estos tres asuntos estaba presente el Subdirector General de Recursos Humanos
Movimiento de Funcionarios en Prácticas. Todas las organizaciones sindicales hemos presentado una queja absoluta por la falta de planificación en este asunto, en donde se trata a los compañer@s como números y no como personas, únicamente sirven para solucionar y parchear los múltiples problemas que tenemos en los centros debido al gran número de vacantes, utilizándose las prácticas para este fin y no como un auténtico periodo formativo. La Administración lo argumenta en la situación excepcional que han tenido que asumir con el movimiento de 5400 efectivos entre concursos y pase de prácticas a carrera, por lo que les han quedado flecos que ajustar y a esto se deben estos 111 movimientos. Comprometiéndose a intentar que estas situaciones se repitan lo menos posible.
Nos explican que el procedimiento será primero voluntarios en los centros de salida y si no hubiese suficientes se aplicaría el número del proceso selectivo; una vez realizada esta primera fase habría un pequeño concurso entre todos los afectados para escoger entre las plazas que se oferten utilizando el mismo criterio.
El incidente de produjo anoche durante la cena en el módulo 2 y lo inició el recluso cuando arrojó varias bandejas metálicas contra los empleados públicos, según Acaip.
Un nuevo incidente en el centro penitenciario de Huelva ha comprometido la seguridad de dos funcionarios que trabajan en La Ribera. Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos, que sucedieron en la noche de ayer y que el sindicato Acaip describe como otro intento de agresión a los trabajadores.
Tal y como relata la fuerza sindical a través de un comunicado, el suceso ocurrió cuando la población reclusa del módulo 2 estaba cenando. En ese momento "un interno, sin mediar palabra, lanzó varias bandejas metálicas a los funcionarios de servicio en dicho módulo". Estos consiguieron esquivar las bandejas e intentaron acercarse hasta donde estaba el recluso, momento en el que este "sacó un pincho carcelario con la intención de agredir" a los empleados públicos.
Tras un duro forcejeo, los funcionarios (ayudados por otros que acudieron en su auxilio) consiguieron arrebatarle el pincho, reducirlo y trasladarlo al módulo de aislamiento.
Acaip subraya que "gracias a la actuación de los trabajadores de servicio no tenemos que lamentar una desgracia mayor, pero exigimos que dichos hechos sean puestos en conocimiento de la autoridad judicial por las responsabilidades penales que pudieren derivarse".
En paralelo, solicita el traslado del preso a otro penal "dada la gravedad que estamos describiendo y por la larga lista de incidentes que este interno ha protagonizado en el centro penitenciario de Huelva a lo largo de su dilatada trayectoria penitenciaria".
Acaip quiere se ponga en conocimiento de la autoridad judicial y que el preso sea trasladado a otro penal
También es fundamental, remarca el sindicato, la realización de las modificaciones legales oportunas para que los funcionarios de prisiones "seamos considerados agentes de autoridad, para una mayor relevancia penal de estos hechos y ayude a la reducción de estos graves incidentes que muy a nuestra desgracia vienen siendo casi diarios" en los centros penitenciarios de todo el territorio nacional.
Asimismo, considera que el protocolo de actuación contra la violencia en el trabajo de la Administración penitenciaria es "ineficaz por no decir absurdo: simplemente sirve para maquillar estadísticas". De hecho, evidencia, este ataque de anoche "no sería definido como agresión según este protocolo".
Alude a la "dejadez de los gestores" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, recalcando la falta de medio centenar de efectivos en la provincia "que aportarían una mayor seguridad tanto a los trabajadores como a la población reclusa", así como la "gestión nefasta del área de recursos humanos, tratando Instituciones Penitenciarias a sus trabajadores como si fueran ganado".
Como ejemplo, destaca Acaip el trato recibido por los funcionarios de nuevo ingreso en prácticas que, "en poco más de siete meses, han sido trasladados a cuatro centros penitenciarios de diferentes puntos del territorio nacional".
Por todo, realiza un llamamiento a las fuerzas políticas y a sus representantes para que "de una vez por todas traten la situación de los funcionarios de prisiones como un asunto de Estado", pues la condiciones laborales que padecen "son casi más propias de estados fallidos, lo que lógicamente repercute en las condiciones de vida de los propios internos".
ACUERDO DE 28 DE ENERO DE 2020 DE TOMA DE RAZÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
El Pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en su reunión del día 28 de enero de 2020,
ACUERDA
Primero.-Tomar razón de la modificación producida en la composición de la Comisión Paritaria derivada del Acuerdo de 15 de enero de 2020 de reconocimiento de los resultados para la composición de las Mesas de Negociación previstas en los artículos 36.3 y 34.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único para el personal laboral la AGE, firmado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 30 de mayo de 2017 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre asignación de recursos y racionalización de estructuras de negociación y participación.
