Fuente: The Objetive.com

La dirección de la prisión madrileña implicó a estos trabajadores en la fuga de dos presos y los acusó de introducir droga y objetos prohibidos en la cárcel durante la pandemia

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Las declaraciones en sede judicial de tres testigos protegidos, internos que habían cumplido o cumplían condena en el penal madrileño, en septiembre de 2021, desmontaron prácticamente por completo la investigación que había llevado a cabo la Guardia Civil y por la que la magistrada había mantenido en prisión provisional a tres de los funcionarios penitenciarios investigados durante cuatro meses y medio.

Prisiones mantiene el castigo solo a uno de los funcionarios. Pese a haber sido absuelto, al igual que el resto de sus compañeros, la Subdirección General de Análisis e Inspección ha decidido prolongar el expediente disciplinario a este trabajador hasta que el archivo de las actuaciones contra él sea firme, según consta en un oficio del Ministerio del Interior, fechado el pasado 27 de abril, al que ha tenido acceso este diario. Esto se debe a que el funcionario de prisiones interpuso un recurso contra la decisión de la juez solicitando el sobreseimiento libre de la causa. Una medida que deberá resolver el juzgado en los próximos meses.

«Incorporación inmediata»

En el caso de otro de los trabajadores, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le ha pedido la «reincorporación inmediata» en su puesto de trabajo pese a encontrarse de baja médica. Una situación que el departamento de Prisiones no ha tramitado por su situación de suspensión, según sostienen fuentes jurídicas. En un informe psicológico, los profesionales refieren que el funcionario «se encuentra con un estado de ánimo bajo y episodios de ansiedad, sentimientos de indefensión y frustración». Lo que le provoca «rechazo» a volver a su puesto de trabajo, «considerando que así lo hiciera en este momento, le ocasionaría un aumento de su sintomatología y posible cronificación», subrayan.

Por otro lado, este mismo funcionario de prisiones está a la espera de que la Guardia Civil le devuelva las pertenencias que le incautó en su domicilio, en el marco de su detención el pasado 31 de mayo. Según consta en el informe policial sobre el contenido y examen de los efectos intervenidos —dos pendrive, un teléfono y las llaves de dos vehículos del trabajador—, no existía ningún archivo relacionado con la investigación que pudiese incriminarle.

a Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha levantado la suspensión de empleo y sueldo a tres de los cuatro funcionarios del centro penitenciario de Valdemoro (Madrid), según confirman distintas fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE. Bajo la dirección de Antonio Luis de la Iglesia, esta prisión madrileña implicó a estos trabajadores en la fuga de dos presos y los acusó de introducir droga y objetos prohibidos en la cárcel durante la pandemia, cuando las prisiones estaban cerradas al exterior. Todo ello sin pruebas, tal como quedó acreditado en la instrucción de las dos causas.

El departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz ha notificado su decisión a los trabajadores casi dos meses después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro, encargado del caso, decretase el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones «al no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos —cuyo contenido desveló THE OBJECTIVE— «que no aportaban más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la prisión les imputaba, una vez lo solicitó la Fiscalía madrileña, única acusación personada en el litigio.

Razón por la que, el pasado 24 de febrero, su letrado solicitó al Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro que acordase la devolución de los objetos al interesado, en el mismo escrito en el que pidió también el auto de sobreseimiento y archivo de la causa respecto a su defendido. Casi tres meses después, en cambio, el damnificado aún no ha podido recuperar sus posesiones.

Tras haber trascendido el caso de estos cuatro funcionarios, Acaip-UGT, APFP, CCOO y CSIF, los cuatro principales sindicatos de prisiones, han solicitado al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el cese del director de la cárcel de Valdemoro, Antonio Luis de la Iglesia, por haber acusado sin pruebas a los cuatro funcionarios.

AL SECRETARIO GENERAL DE INSITITUCIONES PENITENCIARIAS
Secretaria General de II.PP.
C/ Alcalá 38/40 28014 Madrid

Asunto: Solicitud de Cese del director de Madrid III

Las secciones sindicales de Acaip-Ugt Apfp CCOO y CSif en el centro Penitenciario de Madrid III Valdemoro como mejor proceda EXPONEN:
Que el pasado 31 de mayo de 2021, la guardia civil detuvo a cuatro funcionarios de prisiones en sus domicilios. Fueron llevados al trabajo ESPOSADOS, donde registraron sus taquillas y con perros antidroga cachearon los vestuarios; NO ENCONTRARON NADA. El 2 de junio, el juzgado de Instrucción nº 4 de Valdemoro decreta prisión sin fianza para tres de ellos, libertad provisional con cargos para el cuarto y el secreto de sumario. El 25 de junio se levanta el secreto y la Guardia Civil presenta en el juzgado las declaraciones cuatro testigos protegidos y las del director y subdirector de seguridad. El 16 de julio de 2021 declaro el director del centro penitenciario en el juzgado número 4 de Valdemoro y el día 30 de septiembre los testigos protegidos. Al parecer tres de ellos estaban presos y otro había salido en libertad.

Uno de los testigos protegidos no se presentó y los que declararon no acusaron a ninguno de los trabajadores. El Testigo 4 llegó a decir, en su declaración ante el juez, que la guardia civil miente y que todo es una fábula inventada por ellos. La jueza se vio obligada a suspender las declaraciones y decretar la libertad de los funcionarios presos y el sobreseimiento libre del otro compañero. En presencia de los abogados de la defensa la jueza se llega a preguntar dónde estaba la cámara oculta….

El pasado 22 de marzo de 2022 se decretan el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra los compañeros por los delitos de banda organizada, contra la salud pública, cohecho, prevaricación y omisión del deber de impedir delitos, PORQUE NI SIQUIERA HAY CONSTANCIA DE QUE ESOS DELITOS SE HAYAN COMETIDO EN CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID III VALDEMORO. A este sobreseimiento debemos añadir otro del Juzgado de Instrucción nº 7, también de Valdemoro, donde queda acreditado que NO HUBO COLABORACION INTERIOR en la fuga de los hermanos Moñiz Alcaide, como habían asegurado a los medios de comunicación fuentes del Ministerio del Interior.

MANIFIESTO

ATEAVA es una Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, creada por haber sufrido efectos adversos graves tras su administración en el contexto de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España. Nos vacunamos por responsabilidad civil, por el bienestar común, cuando tanto el Estado como las Comunidades Autónomas nos lo pidieron aludiendo a la necesidad de trabajar con garantías y asignándonos AstraZeneca independientemente de nuestro sexo, antecedentes sanitarios, medicación habitual, etc.
Somos una asociación independiente y no nos adscribimos a ningún partido ni ideología política. No somos antivacunas. Prueba de ello es que estamos aquí por habernos vacunado. Tampoco somos negacionistas, pues si no hubiésemos creído en la existencia de la pandemia, no nos encontraríamos en la situación en que lo hacemos. ¿Para qué vacunarse contra algo que no existe?
Como trabajadores esenciales, fuimos de los grupos poblacionales convocados más tempranamente a la vacunación bajo el argumento de que teníamos mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas.
En gran medida, los efectos causados fueron fruto de esta premura, ya que con el tiempo las autoridades españolas desaconsejaron vacunar con AstraZeneca, por el riesgo que ello entrañaba a personas cuyos perfiles compartimos. La falta de información sobre los efectos secundarios de la vacuna, y la negación de la gravedad y del preocupante alcance de los mismos, han creado una situación en la cual la población es completamente desconocedora de su existencia, de su seriedad y de su frecuencia.
En consecuencia, hemos decidido asociarnos con la finalidad de:

1. Visibilizar a los trabajadores esenciales afectados por la vacuna AstraZeneca.
2. Buscar la adecuación de nuestra situación tanto a nivel administrativo, profesional como psicosocial.

Solicitamos:

• Que se registre a todas las personas que han desarrollado efectos secundarios graves tras la vacunación contra la COVID-19, en especial los trabajadores esenciales vacunados con AstraZeneca, y se les reconozca como hecho causante de su sintomatología la vacunación, y que de ello se puedan derivar los efectos administrativos, legales y laborales que sean necesarios para una adecuada atención y adaptación de sus vidas.
• Que se reconozca nuestra patología como enfermedad laboral.
• Que el Sistema de Farmacovigilancia Española realice un seguimiento de nuestros casos, cosa que no se ha venido haciendo hasta la fecha y que sesga, por tanto, los datos que periódicamente se publican. Estos solo se refieren al momento de la notificación de los mismos, no a su evolución.
• La creación de unidades específicas de estudio y tratamiento sanitario para todos aquellos casos cuya sintomatología no tiene, a día de hoy, un diagnóstico claro y, en consecuencia, tampoco están recibiendo un tratamiento farmacológico ni terapéutico adecuado que esté ayudando a su recuperación, ni siquiera atenuando los síntomas.
• Que se hagan públicos los datos relativos al seguimiento indicado más arriba, así como otros datos de interés que hasta el momento no se han publicado, tales como los números de lote con los que se vacunó a las personas que han desarrollado efectos secundarios graves, estadísticas sobre edad, sobre sexo, sobre patologías previas, etc.
• La consideración en las medidas restrictivas que en el futuro se pudieran implementar, así como en las todavía vigentes, por motivos médicos.
Por todo lo dicho, pedimos al Gobierno y a los partidos políticos, a los sindicatos, a los medios de comunicación, a los organismos sanitarios, a las entidades públicas y a la ciudadanía en general que se hagan eco de nuestras reivindicaciones y que tomen las medidas oportunas para que se hagan efectivas.