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REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE VESTUARIO Y CALZADO
Con fecha 30 de marzo 2021, se ha celebrado la reunión del grupo de trabajo de forma presencial para realizar una evaluación in situ de calzado, tejido y prendas confeccionadas.
En dicha reunión ha participado el Subdirector General Adjunto de RRHH, personal de planificación, Entidad Estatal y los sindicatos.
Este grupo de trabajo tiene como fin primordial modificar el actual uniforme de Instituciones Penitenciarias para que sea más práctico y funcional, de mejor calidad en aras de una mejor imagen institucional del colectivo. Empezó a trabajarse el 21 de enero y tras tres reuniones celebradas por videoconferencia en los que se decidió metodología de trabajo, prendas a suprimir , calidades de las prendas escogidas, tejidos, equipamiento de calzado ….Por fin en el día de hoy presencialmente hemos podido valorar tanto tejidos como calzado.
Tras realizar una evaluación de todo el calzado propuesto tanto de zapato como de bota, por varias empresas líderes en el mercado de la uniformidad, el Grupo de trabajo ha escogido el diseño y las prescripciones técnicas del próximo calzado del colectivo en los que destacan valores de antideslizamiento, comodidad, transpirabilidad y seguridad.
Fuente: El Cierre Digital
El sindicato ACAIP-UGT ha enviado una carta a Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias, en protesta por una orden de Interior recibida hace unos días. Por su interés reproducimos la carta de los funcionarios de Prisiones:
"En esta semana, hemos tenido conocimiento de la entrada en los centros penitenciarios de un "Protocolo de denuncias por malos tratos" elaborado por la Subdirección General de Análisis e Inspección supuestamente complementaria de la Orden de Servicio de 1 de julio de 2019 de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social sobre el “Deber del parte de Lesiones”.
De nuevo, la Administración Penitenciaria que usted dirige vuelve a faltar al respeto, la profesionalidad y la honorabilidad del personal penitenciario, reiterando, en el tiempo, la mezquindad de sembrar dudas en nuestra actuación profesional.
Ya en el año 2019, esta organización sindical presentó un escrito al Ministro del Interior solicitando su cese y la retirada de la Orden citada, por motivos realmente obvios y que siguen siendo perfectamente aplicables a este momento temporal:
1. Cuando se habla de “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública”, se generaliza y criminaliza a un colectivo sin ningún motivo objetivo. Sobre todo, cuando usted conoce perfectamente los datos referidos a los expedientes disciplinarios y las sanciones a los trabajadores penitenciarios: sobre 758 Informes de Inspección por supuestos malos tratos en el periodo 2009-2018 únicamente se han producido 11 sanciones y en los nueve primeros meses de 2020 según una respuesta parlamentaria se habían recibido 18 denuncias, estando todas archivadas excepto cuatro que seguían investigándose judicial o institucionalmente.
2. Señor Ortiz, los trabajadores penitenciarios cumplimos la legalidad, y los partes de lesiones de los internos se elevan a los órganos correspondientes y usted eso también lo sabe perfectamente; el Señor Pérez Peña, como responsable de la Inspección, si tiene conocimiento de estos hechos que actúe contra quien no lo cumpla, pero no ponga en entredicho la actuación de los facultativos de nuestros centros.
Permítame, Señor Ortiz, que ya que desde la Administración que usted dirige se duda de la profesionalidad y del cumplimiento de nuestras obligaciones, yo haga lo mismo con su gestión al frente de la Institución, aunque espero realizarlo con algo más de rigor:
1. Su cargo de responsable de la Institución Penitenciaria también conlleva la obligación de garantizar el normal desarrollo de los servicios y de dotar a los centros penitenciarios de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar dignamente nuestra función; y no como la venimos realizando en unas situaciones de falta de personal muy elevada en muchos centros y con un gran número de vacantes en el sistema. Pero, es más, asistimos a una dejadez importante como se comprueba ante la falta de convocatoria del proceso selectivo del año 2020, a pesar de estar finalizando el primer trimestre de 2021; vamos, como si no nos hicieran falta.
2. Su obligación consiste, en mi opinión, en modernizar la Administración Penitenciaria y fomentar el diálogo social que nos permita avanzar en esa dirección, como debería ocurrir con el Proyecto de la Ley de Función Pública Penitenciaria; sin embargo, desde la Mesa Delegada del pasado
24 de febrero estamos esperando se dignen a indicarnos en qué situación se encuentran las gestiones que debían realizarse en el Ministerio del Interior. También como usted sabe perfectamente, el plazo establecido está próximo a su finalización.
3. Creo Señor Ortiz, que su obligación consiste en trasladar a otras instancias de la Administración y del Gobierno, el buen hacer de nuestros profesionales, tal como ha ocurrido en la pandemia; el trabajo que se realiza y en las condiciones en las que trabajamos; quizás de esta forma nuestras legítimas reivindicaciones podrían tener un amplio eco o apoyo. No hay más que ver la gravedad de las últimas agresiones que se han producido en algunos centros.
4. Fíjese Señor Ortiz, echamos en falta que también se preocupe para que las comunicaciones al juzgado de informes y partes de lesiones de trabajadores que han sido agredidos o han sufrido lesiones en reducciones, lleguen todas a los órganos jurisdiccionales.
5. Su obligación, Señor Ortiz, debe ser, por poner otro ejemplo, conseguir que el uniforme de los funcionarios sea adecuado y funcional, de la mejor calidad posible, en lugar de que la Administración empeñe todo su esfuerzo en conseguir que sea la Entidad TPFE la que realice el mismo, sabiendo que no tiene ni la capacidad ni la calidad suficiente para confeccionarlo de forma digna.
6. En definitiva, Señor Ortiz, su obligación debería consistir en defender nuestra imagen pública en lugar de ponerla a los pies de los caballos de forma sistemática a través de diferentes personas de su equipo. Si nuestros propios responsables no nos defienden o generan graves dudas sobre nuestra profesionalidad, a pocos sitios podemos ir. Espero y deseo que este no sea el verdadero interés.
El Protocolo objeto de este escrito se justifica, según su autor, el Sr. Pérez Peña, en que “se aprecian discrepancias y disfunciones en la forma de proceder de algunos centros cuando se tiene conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, específicamente, ante la emisión de partes de asistencia por lesiones por parte del personal sanitario y ante la recepción de quejas o denuncias específicas en materia de malos tratos infligidos a las personas privadas de libertad”. Y esta afirmación nos resulta sorprendente, desde el momento en que este Sindicato no conoce que ante este “cúmulo de irregularidades” que justifican el protocolo se haya actuado contra ninguno de los presuntos incumplidores, a pesar de ser el autor el responsable de la Inspección Penitenciaria. Parece más fácil difundir en una apariencia de “buen derecho” un reproche genérico a todo el colectivo, por indigno que esto sea.
Por tanto, le rogaría que realice una reflexión de lo que está sucediendo en los últimos años, modifique su actitud y consigamos entre todos que esta Institución sea respetada y, por extensión, los profesionales que trabajamos en ella".
CECIR APRUEBA LAS NUEVAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, LAS TABLAS RETRIBUTIVAS Y LOS ATRASOS DEL PERSONAL LABORAL DEL IV CÚ
Como anticipamos en el Informa del miércoles, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), en su pleno de ayer 25 de marzo de 2021, resolvió favorablemente y dictó las Resoluciones correspondientes para aprobar el nuevo modelo de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) (así como las RPTs de cada Departamento) y autorizar la aplicación de las tablas retributivas que figuran en el IV CÚ, así como el abono de los atrasos adeudados al Personal Laboral adscrito a este, con efectos de 1 de enero de 2019 como se establece el Artículo 3.1 del mismo.
El extraordinario y beneficioso impacto económico, aunque se produzca con retraso, que esta medida va a tener sobre los salarios de las trabajadoras y trabajadores del IV CÚ no tiene comparación en la historia de las relaciones laborales del personal laboral de la AGE, sobre todo en los grupos profesionales con retribuciones más bajas.
Aunque próximamente haremos un estudio más detallado, sumando las medidas establecidas en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo del trienio 2018-2020 y las medidas económicas acordadas para el IV Convenio, estamos hablando de una subida media, que la entrada en vigor del Convenio situó en un 8,6% hasta alcanzar en el presente un 12%, con una horquilla que oscila en la actualidad entre el 8,9% para el grupo M3/G1 y el 17,4% para el grupo E1.
Las afirmaciones que se han venido realizando por algunos “negacionistas”sobre la pérdida retributiva de algunos colectivos son un sinsentido, sólo pierde dinero aquel que sigue los paros caprichosos que convoca CCOO. Mientras unos siguen “tocando el tambor” frente a Función Pública y se descuelgan de importantísimos Acuerdos para las empleadas y empleados públicos, las gestiones realizadas por UGT durante este periodo de intensa “montaña rusa “negociadora en todos los ámbitos y, en concreto, en el desarrollo y aplicación del IV CÚ, finalmente han dado sus frutos. Las consecuencias de los Acuerdos de encuadramiento firmados por UGT,CSIF y la Administración son ya tangibles.
LA ACTUALIZACIÓN DE RETRIBUCIONES Y EL COBRO DE ATRASOS SON UNA REALIDAD
AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Don Angel Luis Ortiz:
En esta semana, hemos tenido conocimiento de la entrada en los centros penitenciarios de un Protocolo de denuncias por malos tratos elaborado por la Subdirección General de Análisis e Inspección supuestamente complementaria de la Orden de Servicio de 1 de julio de 2019 de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social sobre el “Deber del parte de Lesiones”.
De nuevo, la Administración Penitenciaria que usted dirige vuelve a faltar al respeto, la profesionalidad y la honorabilidad del personal penitenciario, reiterando, en el tiempo, la mezquindad de sembrar dudas en nuestra actuación profesional.
Ya en el año 2019, esta organización sindical presentó un escrito al Ministro del Interior solicitando su cese y la retirada de la Orden citada por motivos realmente obvios y que siguen siendo perfectamente aplicables a este momento temporal:
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
FUNCIÓN PÚBLICA ULTIMA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
El día 28 de septiembre de 2020 UGT, CSIF y la Administración firmaron en el Pleno de la Comisión Paritaria el Acuerdo de Encuadramiento del Personal Laboral del IV CÚ.
La firma del mencionado Acuerdo representó la puesta en marcha de todos los Grupos de Trabajo encargados del desarrollo normativo de los distintos aspectos del Convenio Único (Jubilación parcial anticipada, Cambio de régimen jurídico Anexo II, Racionalización de retribuciones complementarias, Concurso abierto y permanente etc.) y desencadenó los procesos burocráticos que finalizarán con la realización de las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPTs) que conformarán la nueva Clasificación Profesional.
Como parte final de estos procesos, se están convocando las Subcomisiones Paritarias en todos los Departamentos Ministeriales, tanto Ordinarias como Extraordinarias para dar cumplimiento informativo de la situación.
Los mencionados procesos burocráticos van encaminados a la aprobación en el Pleno de la CECIR (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones) a celebrar, previsiblemente, el día 25 de marzo de 2021, tanto de las RPTs como de la Resolución económica que autorice la actualización de las tablas salariales así como el abono de los atrasos correspondientes con efectos del 1 de enero de 2019.